Confirman condenas: 12 años por violación y 5 por porte ilegal de arma
La condena de 12 años se le aplicó a un hombre de la etnia Guna (35 años), por haber violado a un menor de 13 años en la comarca Guna Yala.
Panamá- Dos hombres fueron condenados a 12 y 5 años de prisión luego de que se comprobara que habían cometido los delitos de violación agravada y posesión ilícita de arma de fuego, respectivamente.
La condena de 12 años se le aplicó a un hombre de la etnia Guna (35 años), por haber violado a un menor de 13 años en la comarca Guna Yala, ubicada en la costa caribeña. Este hecho sexual ocurrió en el mes de junio de 2025, cuando este adulto abusó sexualmente del menor.
Luego del ataque, el menor realizó la denuncia, fue llevado al médico forense y, tras los exámenes practicados, se comprobó la violación y que el agresor le había contagiado una enfermedad de transmisión sexual. De allí, la Personería Municipal de Guna Yala inició la investigación.
Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) se desplazaron a la comunidad para efectuar la captura del imputado en agosto de 2025. En la audiencia, este sujeto optó por acogerse a un acuerdo de pena, aceptando su culpabilidad por el delito de violación en contra del menor de edad. El Tribunal de Garantías también impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, una vez cumplida la pena principal.
Por otra parte, Yamal Vergara (27 años) fue condenado a 64 meses (5 años y cuatro meses) de prisión, mediante acuerdo de pena, por el delito de posesión ilícita de arma de fuego, después de que la Sección contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala logró acreditar su vinculación con un hecho registrado en la Costa Atlántica. En la audiencia, esta persona aceptó su culpabilidad por el delito imputado.
El Tribunal de Garantías también impuso la pena accesoria de prohibición para portar armas de fuego por el mismo término que la sanción principal, una vez cumplida esta. Todo comenzó la tarde del 11 de enero de 2026, en la barriada San Judas, ubicada en el corregimiento de Cativá, cuando el sentenciado fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional con un arma de fuego, dos proveedores (cargadores) y 34 municiones compatibles, dentro de un auto, sin contar con el permiso de porte legal. Fue así que el caso pasó a manos del Ministerio Público, quien lo presentó ante un juez de garantías para que iniciara el proceso legal, que concluyó con esta condena.
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