Padre acusado de abuso sexual y embarazo de su hija de 12 años.
Otro caso involucra a un familiar que también dejó embarazada a una menor de 13.
Santiago. La provincia de Veraguas es nuevamente escenario de un grave caso de abuso sexual contra menores, que culminó con el embarazo de dos niñas, de 12 y 13 años.
El Ministerio Público confirmó que los presuntos responsables son el padre de las menores y un familiar cercano.
El Fiscal Edgardo Barahona, de la Sección Especializada de Abuso Sexual del Ministerio Público en Veraguas, informó que las diligencias investigativas están en curso y se extienden a los distritos de Santa Fe y Las Palmas.
Uno de los sospechosos ya se encuentra bajo aprehensión, mientras que el otro presunto agresor sigue siendo buscado en una comunidad apartada del norte santafereño.
Las autoridades han optado por no revelar la ubicación exacta del segundo sospechoso para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.
Más allá del proceso judicial, este caso saca a la luz la persistencia de una problemática estructural en Panamá: la violencia sexual contra la niñez, a menudo perpetrada por personas del círculo familiar o de confianza, especialmente en entornos de mayor vulnerabilidad.
El Desafío de la Protección Institucional
El abuso sexual infantil, particularmente en menores de edad que resultan embarazadas, es catalogado como uno de los crímenes más graves, y refleja fallas en los sistemas de protección social del país.
La legislación panameña contempla sanciones severas para este tipo de delitos, especialmente cuando la víctima resulta embarazada, lo cual es considerado un agravante.
Según datos históricos y reportes de organismos de protección a la niñez, un alto porcentaje de los casos de violencia sexual se produce dentro del núcleo familiar o por parte de conocidos, lo que subraya la necesidad de fortalecer las redes de apoyo comunitario y los programas de prevención.
Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de la niñez en Veraguas han manifestado su preocupación y han calificado el suceso como una "vergüenza nacional que demuestra el abandono institucional hacia los sectores más vulnerables".
Estas organizaciones han instado a las autoridades a garantizar un proceso judicial que imponga castigos ejemplares y, de manera crucial, a revisar y reforzar de forma inmediata los mecanismos de prevención y protección estatal en las comunidades más aisladas.
El Ministerio Público mantiene su compromiso con el esclarecimiento total de los hechos y la aplicación de la ley, mientras que el foco social se centra en la urgente necesidad de implementar medidas efectivas que impidan que niñas de tan corta edad se conviertan en víctimas de violencia y maternidad forzada.
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