Apede apoya freno legal a nombramientos automáticos en la Asamblea
La ley permite que funcionarios obtengan estabilidad solo por cumplir dos años en el cargo, sin concursos ni evaluaciones reales, rompe las reglas básicas del servicio público.
La discusión no es técnica ni lejana: toca directamente cómo se entra y se permanece en el Estado. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) decidió dar un paso firme y respaldar, ante la Corte Suprema de Justicia, una demanda que busca detener la permanencia automática de funcionarios en la Asamblea Nacional, una práctica que —según el gremio— golpea el principio de méritos y debilita el Estado de derecho.
Apede presentó un alegato de terceros para apoyar la acción legal promovida por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la cual cuestiona varios artículos de la Ley 429 de abril de 2024.
El gremio empresarial sostiene que la normativa cuestionada rompe con los principios constitucionales que regulan el acceso y la estabilidad en las carreras públicas.
La ley permite que funcionarios obtengan permanencia automática tras dos años de antigüedad, sin concursos ni evaluaciones, una práctica que —según APEDE— vacía de contenido el sistema de méritos.
La acción legal fue elaborada por el abogado constitucionalista Jorge Giannareas, en el marco de la demanda presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Para los demandantes, no se trata de un debate administrativo, sino de un tema de fondo: quién entra al servicio público, cómo se mantiene y bajo qué reglas.
La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis recuerda que la Constitución panameña establece que las carreras públicas deben basarse en criterios objetivos.
“El servicio al Estado no es un premio por antigüedad. Es una carrera profesional que exige evaluación, desempeño y reglas claras”, señaló.
El alegato del gremio también cuestiona que la Ley 429 eliminó el Consejo de la Carrera Legislativa sin crear un mecanismo alterno de control. A juicio de APEDE, esta decisión deja el sistema sin contrapesos y abre espacios a la discrecionalidad, alejándolo de la profesionalización que exige la Constitución.
Giannareas subrayó que ninguna ley puede borrar de un plumazo el principio de méritos.
“Las normas pueden reformarse o mejorarse, pero no eliminar el corazón del sistema que protege la carrera pública”, afirmó, al considerar que el caso es constitucionalmente sólido.
La Corte Suprema de Justicia ya admitió la demanda y se encuentra analizando los alegatos presentados por terceros antes de avanzar hacia el proyecto de fallo. En la misma línea, el Procurador General de la Nación recomendó declarar inconstitucionales los artículos cuestionados, al advertir que generan privilegios injustificados dentro del servicio público.
APEDE reiteró que su participación en este proceso busca defender la institucionalidad, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar que las reglas del servicio público se mantengan fieles a la Constitución, en beneficio del país y de sus instituciones.
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