Asociaciones abogan por una Ley de Interés Preferencial equitativa

Asociaciones del interior del país expusieron en la Asamblea Nacional su visión sobre la Ley de Interés Preferencial, destacando la necesidad de que esta política se convierta en una herramienta de inclusión social y sostenibilidad para todo el país.

Las organizaciones señalaron que el país requiere una legislación que no solo subsidie viviendas, sino que corrija desigualdades históricas, cierre brechas estructurales y reactive la economía de las comunidades. Una ley que sea una palanca de equidad, arraigo y desarrollo humano. La propuesta plantea dividir el país en dos zonas para efectos del régimen de interés preferencial. La Región 1, compuesta por Panamá y Panamá Oeste y la Región 2, por el resto del país.

En provincias como Chiriquí, Coclé y Veraguas, los salarios promedio están por debajo del umbral requerido para calificar a un préstamo hipotecario de $50,000. Además, la cobertura bancaria es limitada, los costos logísticos son más altos y el desempleo ha aumentado en los últimos años.

En Chiriquí, con un salario promedio de $628 el 65% de los trabajadores formales no alcanza el ingreso mínimo requerido ($768) para optar por un préstamo hipotecario con la propuesta actual del interés preferencial, mientras que, en Coclé, el 68.5% queda por debajo del umbral, con un salario promedio de $618. La misma situación se da en Veraguas, donde el ingreso promedio es de $700 por lo que el 58% de los trabajadores tampoco califica. Estas cifras no solo reflejan desigualdad, reflejan exclusión.

Por ello, las asociaciones proponen que la Región 2 reciba un ajuste porcentual adicional en cada tramo del subsidio. Es una medida técnica con impacto humano: permite que miles de familias del interior puedan convertirse, por fin, en propietarias de una vivienda digna.