Experto sugiere abrir proceso a magistradas Pittí y Arosemena
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), será informada de la nueva violación del Estado en contra del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
Víctor Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, con sedes en Costa Rica, Colombia, México y Ginebra, Suiza, en donde opera la ONU, manifestó que se encuentran recopilando toda la información sobre lo que han hecho las autoridades panameñas contra el exmandatario Martinelli.
Rodríguez agregó que ellos como organismo estarán enviando un nuevo informe al Grupo de Trabajo de la ONU, en donde le expondrán las actuaciones de las magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, Yiles Pittí y Donaji Arosemena.
“Nos llamó la atención que estas magistradas, ignorando totalmente la resolución del Grupo de Trabajo, deciden anular esto y hacer un llamado a un nuevo juicio, con lo que se pone a Panamá en una situación complicada de incumplimiento y de responsabilidad internacional, por lo que a nosotros nos corresponde enviar un informe nuevo donde estamos documentando esta nueva resolución”, explicó el experto en derechos humanos.
Añadió que las magistradas Pittí y Arosemena no siguieron los estándares internacionales en cuanto a control de convencionalidad, que indica que los Estados tienen que cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe.
“Esa es básicamente nuestra preocupación”, indicó Rodríguez.
Enfatizó que cuando un país es parte del compendio de las Naciones Unidas está obligado a acatar las decisiones que organismos internacionales como este toman, “los países están obligados a cumplirlas, ya que son vinculantes”.
De forma clara, el experto destacó que un país que forma parte de un organismo como la ONU y no cumple con los dictámenes que el mismo hace enfrenta una responsabilidad internacional y se condena al Estado en abstracto.
Aclaró que el Estado el que sufre las consecuencias y no las magistradas que, con pleno conocimiento de una decisión de la ONU, deciden avalar un segundo juicio a Martinelli.
Sin embargo, Rodríguez enfatizó que dentro de las reglas locales de cada país, hay algo que se llama el Derecho de Repetición, que no es más que las autoridades panameñas le abran un proceso a estas magistradas que pusieron a Panamá en una situación de vulnerabilidad por incumplir con esa resolución internacional del Grupo de Trabajo de la ONU.
“Las magistradas tienen responsabilidad, los fiscales que violaron las garantías tienen responsabilidades, es decir hay toda una cadena de circunstancias de personas y de actos que pusieron a Panamá en una situación internacional de incumplimiento, por lo que el Panamá es visto como un país que no cumple con las responsabilidades que asumió”, explicó el jurista.
Actualmente, se desconoce si el Estado panameño informó al Grupo de Trabajo de la ONU las medidas de seguimiento adoptadas respecto a las recomendaciones y que si tenía algún tipo de observación sobre la decisión, algo que debió hacer antes del pasado 13 de marzo del año 2020.
Varios fallos
Para el abogado Sidney Sittón, la decisión del Tribunal de Apelaciones en el caso de Martinelli “constituye una cadena de fallos promíscuos” que desacatan las decisiones que organismos como la ONU han tomado previamente en favor del expresidente.
“Lo anterior, refleja el nivel de genuflexión de algunos operadores de justicia que llegaron de a dedo, se mantienen en sus cargos por ser complacientes y denotan el grado de justicia horizontal que hay en la República de Panamá”, dijo el jurista Sittón.
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