Imputan cargos al exdirector de la AIG, pero se salva de ir a la chirola

El juez de garantías, Luis Ceballos, dio por presentada la imputación de cargos contra el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; el empresario Buddy Attie y la abogada Janice Becerra de Reynardus, quienes fueron aprehendidos durante la Operación Espejo de Cristal, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción.

Oliva fue imputado por asociación ilícita para delinquir; el empresario Budy Attie por asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado, mientras que a la abogada Becerra se le formularon cargos por asociación ilícita para delinquir y peculado.

Antes de darse la audiencia de imputación, el juez había declarado ilegal la aprehensión de los tres imputados. A consideración del juez, la fiscalía no acreditó la necesidad de las aprehensiones, ya que los indiciados se habían presentado al proceso, a través de sus abogados, de manera voluntaria para brindar información al Ministerio Público.

Durante su argumentación, la fiscalía señaló que Oliva pidió migrar la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como la del Tribunal Electoral a una plataforma del grupo Attie (Fintek Corp.), pero esta no tenía contratos con el Estado.

Asimismo, se mencionó que la empresa cobraba 0.05% para la afiliación de los comercios a la plataforma y 4% para el "factory".

Sin embargo, en su descargo, la defensa aseguró que no existía contrato porque se prestó el servicio de forma gratuita y que la plataforma era autosostenible con el cobro de las afiliaciones.

A Luis Oliva y Budy Attie se les impusieron las medidas cautelares de reporte periódico los 14 y 28 de cada mes e impedimento de salida del país. Janice Becerra deberá notificarse el 14 de cada mes.

El juez calificó la vinculación de frágil y ponderó el hecho de que no hay auditoría que revele lesión patrimonial.