Ley ‘antibotellas’, a primer debate

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de Ley N.°11, conocida como “antibotellas”, que incrementa la pena a los funcionarios públicos que cobran y no trabajan.

La iniciativa, que fue propuesta por la diputada de Vamos, Janine Prado, logró ocho votos a favor para su prohijamiento.

“Hoy dimos el primer paso: nuestro proyecto de ley #Antibotellas fue prohijado por unanimidad. Este avance envía un mensaje claro: en Panamá, el que no trabaja, no cobra. Nuestro objetivo es terminar con las planillas infladas, los nombramientos por favores políticos y las “botellas” que drenan los recursos del Estado”, manifestó Prado en su cuenta de X.

El proyecto contempla que el servidor público que acepte un nombramiento y reciba remuneración sin prestar servicio alguno, sin causa justificada, enfrentará de 2 a 4 años de prisión. La pena será de 4 a 8 años cuando la lesión patrimonial supere los 50 mil dólares.

Si el responsable de la conducta reintegra la totalidad del monto correspondiente a la lesión patrimonial al Estado, la pena será reducida a la mitad.

Por otro lado, el servidor público que, sin causa justificada, realice un nombramiento para un cargo público con el fin de que la persona no preste el servicio para el cual fue designado o para que no preste servicio en lo absoluto, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

La pena será de seis a diez años cuando el servidor público que realice el nombramiento de una persona lo haga con el fin de percibir una parte de su salario.

En tanto, la pena será de seis a diez años cuando la lesión patrimonial al Estado supere los 50 mil balboas.