Odebrecht: Panamá insistió en asistencias judiciales internacionales para garantizar el contradictorio

Aunque el caso Odebrecht se ha derrumbado internacionalmente debido a la nulidad de las pruebas, en Panamá el proceso continúa adelante en medio de un "aparente" respeto al debido proceso.

De hecho, las pruebas provenientes de Brasil, el país en el que se originó el caso Odebrecht, juegan un rol tan determinante en el desarrollo de la audiencia de fondo en Panamá, que pocos días antes del intento de inicio de este juicio, el pasado 20 de enero de 2025, el Órgano Judicial insistió en una actualización, a través de correos fechados entre el 14 y 17 de enero de 2025, sobre cooperación jurídica internacional en materia penal.

Pero no hubo respuesta positiva desde América del Sur, lo que derivó en la reprogramación del juicio. Y es que, en palabras del propio Órgano Judicial, esta asistencia judicial internacional es fundamental para el avance del proceso judicial porque permite un contradictorio que garantice el efectivo derecho a la defensa.

Las asistencias incluían la citación de nueve testigos, uno de ellos se solicitó a Perú, pero no se obtuvo respuestas, mientras que a Brasil se pidieron ocho testigos, pero tampoco se habían recibido respuestas.

En esta diligencia, dos de los abogados proponentes de la prueba fueron por parte del Ministerio Público, tres por parte de los abogados de la defensa y el resto, en común con los abogados particulares y el Ministerio Público. El tribunal aseguró haber hecho las diligencias correspondientes con respecto a la contestación de oficios y todo lo concerniente para tener una respuesta y el resultado fue adverso.

En este sentido, la fiscal especial anticorrupción, Ruth Morcillo, cuestionó la escasa colaboración de Brasil, sin embargo, recalcó que se debe asegurar el contradictorio a fin de evitar reclamaciones futuras ante cortes internacionales.

“Esto es un sistema inquisitivo, ya las declaraciones de los colaboradores están dentro del expediente, sin embargo, nosotros tenemos que garantizar un adecuado ejercicio del contradictorio, que permita a la juez, en virtud de la inmediación, tener acceso a esos testimonios para evitar reclamaciones futuras ante cortes internacionales, que han reconocido que las partes tienen derecho a controvertir la prueba de cargos del fiscal”, aseguró en su momento.

En esta línea, la Jueza Primera de Liquidación de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez, admitió que el tribunal tiene claro que no puede violentar el derecho a defensa que le asiste a los procesados.

“Efectivamente, el contradictorio debe cumplirse siempre que se haya notificado a los testigos que han sido requeridos en esta sala”, expuso.

Según Marquínez entonces no se podía fijar una fecha inmediata porque se tornaba necesario volver a hacer todas las notificaciones de los testigos que se encuentran fuera del país y eso implicaba la redacción y confección de asistencias internacionales y de traducciones.

El abogado Rosendo Miranda advirtió, en su momento, que en su caso particular se accedió a girar asistencias internacionales para contar con los testimonios de André Rabello, Olivio Rodríguez Jr. y Luis da Rocha Soares, personas que son el pilar angular dentro de todo el entramado de Odebrecht. Sin ellos, agregó, no tendrían una defensa proporcional que garantice que van a responder al interrogatorio.

Pruebas anuladas

El Órgano Judicial ha insistido en la relevancia de estas pruebas internacionales, sin embargo, en el caso particular de Brasil, donde todo nació, la mayoría de estas pruebas se han invalidado. En 2023, el Tribunal Supremo anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, debido a errores procesales cometidos en la justicia brasileña.

En Panamá, el abogado Alfredo Vallarino espera que no se cometan errores y que sobre todo se garantice el contradictorio, que tanto defendió el Ministerio Público en enero.

“He empezado a hacer una solicitud pública a la jueza para que no me vuelva a esconder a los testigos como hizo en otros casos y que traiga a todos los testigos, porque sabemos que en noviembre la fiscalía esconderá a los testigos y no los traerá. Esa será su estrategia”, dijo.

También hizo énfasis en que las pruebas que anuló Brasil no se pueden usar en Panamá porque ya no existen en el mundo jurídico: “entonces no puedo agarrar y utilizar, de un expediente anulado, pruebas para tratar de probar la culpabilidad de una persona cuando en otro país dijeron que no tienen ningún valor”.

Brasil le dio, en enero de 2025, un plazo de 60 días a Panamá para que hiciera las aclaraciones necesarias a su solicitud. ¿Hizo Panamá las subsanaciones requeridas para concretar la asistencia? ¿Insistirá en emplear pruebas inutilizables?