Panama Ports no se va; quiere negociar con el Gobierno
Alejandro Kouruklis, vocero de la compañía y representante de la subsidiaria de CK Hutchison Holdings, aseguró que están dispuestos a revisar la parte económica del acuerdo
La empresa Panama Ports Company (PPC) salió al frente. Dice que no tiene intención de irse del país, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato-ley para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal. Lo que busca, según su vocero, es abrir un espacio de conversación antes de que la decisión quede ejecutoriada tras publicarse en Gaceta Oficial.
El máximo tribunal concluyó que no existe una concesión vigente y que el contrato es lesivo al interés público, además de vulnerar varios artículos de la Constitución. Eso cambia el tablero completo en uno de los negocios más grandes del país.
Alejandro Kouruklis, vocero de la compañía y representante de la subsidiaria de CK Hutchison Holdings, aseguró en TVN-2 que están dispuestos a revisar la parte económica del acuerdo. Habló directamente de los dividendos. “Estaríamos dispuestos a revisar las negociaciones legales de los dividendos para Panamá”, dijo, señalando que ya han presentado propuestas, aunque no sabe si han sido evaluadas.
Mientras tanto, la empresa sostiene que mantiene sus derechos activos. Explicó que hay un arbitraje internacional que ronda los 2 mil millones de dólares, proceso que sigue su curso. “Consideramos que los derechos de la empresa se mantienen”, afirmó.
Kouruklis también defendió la operación de la compañía en estos 25 años. Señaló que han invertido 1,800 millones de dólares en el desarrollo portuario y que han entregado 650 millones de dólares al Estado panameño. Según su versión, esa cifra supera los aportes de otras terminales.
Sobre el fallo, recordó que la concesión nació de una licitación pública. Dijo que el contrato fue elaborado por el Estado, aprobado por la Asamblea y atravesó siete administraciones con distintas enmiendas. “Treinta años después la Corte dice que es inconstitucional”, expresó.
El Gobierno ya anunció que APM Terminals Panama, del grupo AP Moller–Maersk, entraría de manera temporal como parte de la transición. Pero desde PPC cuestionan ese movimiento. Alegan que, aunque los puertos son del Estado, los equipos son privados.
Hablan de 38 grúas pórticas, 75 grúas de patio, 180 chasis y más de 200 equipos adicionales. “Cómo va a entrar otra empresa a tomar control de equipos que no le pertenecen”, planteó el vocero.
La posición final es clara. “Nuestro plan no es planear una salida, nuestro plan es conversar con el Gobierno”, reiteró. Mientras el fallo avanza hacia su ejecución formal, el futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal sigue en el aire. Y lo que se decida ahí, mueve millones y empleos en todo el país.
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