Piden $91 millones para poder pagar pensiones y aprueban $9,500 millones para liquidez del gobierno

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, tras la aprobación del Gabinete, presentó ayer ante la Asamblea Nacional, un proyecto que transfiere fondos extraordinarios a la Caja de Seguro Social (CSS) para reforzar parcialmente los costos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), correspondiente al mes de febrero.

La iniciativa transfiere de recurso desde el presupuesto de inversión asignado a las diferentes dependencias del Estado a la CSS, hasta por 91 millones 620,025 dólares.

Al mismo tiempo, la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea decidió mantener la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, en vez de incrementarla en tres años como pretendía el Ejecutivo. También se decidió que el aumento del 3% en la cuota patronal sea escalonado hasta el 2029.

Se calcula que las prestaciones económicas para sufragar los fondos del Programa de IVM para el 2025 serán de 2,748 millones 149,964 dólares, es decir, $229 millones mensuales; sin embargo, las reservas no son suficientes para la cobertura del 100% de las pensiones, estimándose un déficit del 22%; es decir, de 615 millones 670,291 dólares en todo el año.

Boyd Galindo dijo que el proyecto responde a la necesidad urgente de atender las pensiones, mientras se culmina con el proceso de aprobación del proyecto de reformas a la ley de la CSS.

Una vez aprobada la ley y promulgada en Gaceta Oficial, la transferencia de los fondos deberá hacerse en un plazo no mayor de 10 días.

La CSS sostuvo que esta transferencia de recursos es necesaria, debido a la demora que ha tenido el proyecto de ley que modificará la Ley Orgánica de esta entidad y que permitiría obtener nuevas fuentes de ingresos.

En otro aspecto, el Gabinete aprobó una Línea de Crédito con el Banco Nacional por $500 millones para financiar parcialmente el Presupuesto, así como autorizó la emisión de Letras del Tesoro hasta por $3,000 millones y aumentó a $6,000 millones las estructuras de financiamiento requeridas para liquidez estacional del Estado, que inicialmente se fijaron en $3 mil millones.