Procurador pide más presupuesto para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, advirtió que el recorte presupuestario para la vigencia fiscal 2026 pone en riesgo el funcionamiento de la institución en la persecución penal y en la atención a las víctimas de delitos.

De acuerdo con Gómez, la institución solicitó un presupuesto de $224,416,287 millones, pero la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue de $198,791,150, siendo B/.196.8 millones para funcionamiento y B/.2.0 millones para inversión.

“Esto representa una diferencia de $25.6 millones, que es un recorte que afecta tanto el funcionamiento como la operatividad regular de nuestra institución y reduce el grado de inversiones e infraestructura”, manifestó el procurador ayer durante su sustentación ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Mencionó que esta cifra pone en riesgo la capacitación de áreas claves en el combate de la criminalidad.

“Esta disminución afecta la capacitación de fortalecer áreas claves en el combate con la criminalidad, así como la delincuencia organizada y delitos comunes, entre otros, en defensa de los ciudadanos”, dijo.

En tanto, destacó que mientras las estadísticas reflejan un incremento del 10% en la criminalidad, los recursos para combatirla sufren recortes que limitan la capacidad de respuesta del Ministerio Público.

Durante su presentación, enfatizó la creación de una segunda Fiscalía Antipandillas, una tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, una Fiscalía contra la Ciberdelincuencia y una nueva Fiscalía de Niñez y Adolescencia.

Gómez además se refirió a la situación crítica de la Regional del Ministerio Público en Chiriquí, que lleva más de una década funcionando en un espacio reducido.

“Solo se nos concedió 20 mil, es decir, el recorte ha sido pronunciado, que prácticamente no nos permite poder iniciar labores al mejoramiento de la regional”, expresó.

En tanto, destacó la necesidad de saldar deudas por vigencias expiradas con colaboradores de la institución.

“El Ministerio Público debe cumplir con el mandato constitucional de contrarrestar las actividades del crimen organizado, y para ello requiere recursos humanos, tecnológicos e infraestructura adecuada”.

Por otro lado, el doctor José Vicente Pachar sustentó el presupuesto 2026 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses por un monto de B/.76.7 millones para funcionamiento y B/.1.1 millón para inversión.