Calificadora lanza alertas sobre economía panameña
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings lanzó alertas sobre Panamá y aunque ha confirmado la calificación de riesgo crediticio a largo plazo en 'BBB-', ha revisado su perspectiva de calificación de "Estable" a "Negativa".
La decisión se basa en las persistentes presiones fiscales y las incertidumbres relacionadas con la consolidación fiscal en el país. En el último año, el gobierno panameño ha dependido en gran medida de medidas temporales y maniobras contables para reducir los déficits fiscales.
Además, los subsidios a los combustibles y la electricidad, junto con un creciente gasto en intereses, están ejerciendo presión sobre el déficit fiscal en 2023.
Fitch señala que gran expansión del gasto presupuestario en 2024 aumenta el riesgo de un mayor deslizamiento que podría resultar en una trayectoria ascendente de la deuda pública.
Otro punto que preocupa a la calificadora es el creciente desequilibrio en el subsistema de pensiones solidario que sigue siendo un riesgo clave a mediano plazo que también podría potencialmente empeorar la carga de la deuda de Panamá.
Además revela que el déficit de 3.9% del PIB se basó en maniobras contables, incluido un "swap de flujo de efectivo" con un banco comercial (similar a un préstamo, en opinión de Fitch) y la anticipación de los ingresos de años futuros.
Fitch proyecta un déficit fiscal del 3.7% del PIB en el 2023 frente al objetivo del gobierno del 3%). Los ingresos se beneficiarán de grandes extraordinarios, como la reciente venta de terrenos de propiedad estatal al Canal de Panamá ($500 millones un 0.6% del PIB), que se utilizarán para pagar gastos no presupuestados.
El gobierno también espera recibir regalías por dos años por valor de $770 millones (0.9% del PIB) de un contrato renegociado con 'Minera Panamá' que parece cada vez más dudoso que esto llegue en 2023, dada la reciente decisión legislativa o de devolverlo al Ejecutivo a la luz de la oposición popular. Estas regalías se han comprometido a mejorar las reservas del subrégimen de pensiones.
Además, el gasto se está viendo presionado por los mayores costos de los intereses, que se proyecta aumentarán al 2.6% del PIB en 2023 desde el 2.2% en 2022, un aumento cercano al 30% a lo largo del año dadas las tasas de interés más altas.
Fitch no prevé que el gobierno cumpla con los objetivos de la regla fiscal a la luz de las presiones de gasto, los problemas estructurales en la recaudación de impuestos y prevé una ampliación del déficit al 4.5% del PIB. frente a la propuesta oficial del 2%. Sin embargo, el presupuesto incluye un gran aumento del gasto (11% en gastos de operación, 45% en gastos de capital) y una gran partida de "ajuste" de $4,000 millones (4.8% del PIB) que supone una subejecución mucho mayor en un año de transición de gobierno.
Parte del déficit presupuestario más amplio refleja el compromiso del gobierno de aumentar el gasto relacionado con la educación al 7% del PIB desde un 5% estimado en 2023, como exige una ley aprobada en febrero tras los disturbios sociales de mediados de 2022.
Se alerta que la brecha financiera del sistema de pensiones aumentará en los próximos años si no se implementa un reforma paramétrica. La CSS estima que las reservas durarán hasta finales de 2025, pero esto podría extenderse hasta la segunda mitad de 2026 si el gobierno transfiere el 50% de los ingresos relacionados con la minería.
Se requerirán múltiples modificaciones paramétricas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, ha habido pocos avances en la formación de consenso político en torno a las reformas paramétricas, y esta administración ha manifestado su falta de voluntad para realizarlas. Fitch no espera una reforma de las pensiones dentro del mandato de la actual administración que finaliza en julio de 2024.
A pesar del panorama preocupante, la calificadora sostiene que Panamá continúa mostrando un crecimiento económico sólido después del profundo impacto económico de la pandemia. Fitch anticipa que el crecimiento del PIB alcanzará el 6.5%.