Fiscalía investiga millonaria lesión al Estado en contrato con PP
La Fiscalía indaga la presunta comisión de un delito contra la administración pública vinculado al Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997
La Fiscalía de Panamá abrió de oficio una investigación por delitos en perjuicio del Estado en el caso de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CJ Hutchison, para la operación de dos puertos estratégicos a la entrada del Canal interoceánico, según una carta del fiscal general difundida este martes.
En la misiva, fechada este 8 de abril, el fiscal general Luis Carlos Gómez informa al contralor general, Anel Flores, de la "investigación iniciada de oficio" y le solicita que remita al Ministerio Público, "con carácter de urgencia", la auditoría que revela una posible lesión patrimonial de cerca de 1.200 millones de dólares producto de modificaciones al contrato de concesión.
La Fiscalía indaga la presunta comisión de un delito contra la administración pública vinculado al Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, que dio luz verde al acuerdo entre el Estado y PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Según Flores, la auditoría iniciada en enero de este año identificó incumplimientos contractuales, una deuda de $300 millones y graves irregularidades en la renovación automática de la concesión, lo que motivó su intención de presentar una denuncia formal.
Desde 1997, PPC administra los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco puertos clave en la zona canalera.
La concesión de 25 años fue renovada automáticamente en junio de 2021, pese a denuncias de corrupción y condiciones poco beneficiosas para el Estado, que apenas posee el 10 % de las acciones.
Una modificación en 2002 habría causado que el Estado dejara de percibir alrededor de $1,200 millones en dos décadas, a razón de $55 millones anuales, detalló el contralor.
Además, Flores denunció que la renovación automática no contó con los requisitos legales ni con el refrendo de la Contraloría, lo cual es obligatorio por ley. También recordó que en febrero pasado, el fiscal general calificó de "inconstitucional" la concesión a PPC, solicitando a la Corte Suprema que la declare así.
Este caso ha escalado incluso a nivel internacional: el expresidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que "China está operando el canal", y aseguró que EE.UU. tomará acciones para "recuperar" la vía interoceánica. Trump celebró un supuesto acuerdo entre BlackRock y CK Hutchison para el traspaso de los puertos, aunque el presidente panameño José Raúl Mulino desmintió tajantemente esas declaraciones:
"¡El Canal es panameño y seguirá siendo panameño!", respondió Mulino.
La operación de compraventa de los dos puertos panameños, programada para el pasado 2 de abril, ha sido retrasada por una investigación del regulador chino, lo que mantiene en suspenso el futuro de estos activos clave.
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