Piden a Gobierno invertir fondos contra violencia de género
Un grupo de manifestantes portó 27 pancartas con formas de ataúdes, en memoria del mismo número de víctimas mortales que la violencia de género causó este año en el país.
Decenas de personas marcharon hoy hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá para pedir justicia en los casos de feminicidio ocurridos en el país y una mayor asignación de fondos para prevenir la violencia machista. Un grupo de manifestantes portó 27 pancartas con formas de ataúdes, en memoria del mismo número de víctimas mortales que la violencia de género causó este año en el país. Desde 2009 hasta la actualidad la cifra asciende a unas 257 fallecidas. La marcha, que partió del Parque Legislativo de la capital de Panamá, donde se encuentra el parlamento, estuvo amenizada además por grupos teatrales que incorporaron al recorrido escenas en repudio al maltrato y la discriminación contra la mujer. En la CSJ los manifestantes fueron recibidos por la magistrada Nelly Cedeño, única mujer que ostenta ese cargo, y quien manifestó los esfuerzos que ha hecho para que se instalen en el interior del país centros de atención que reciban las denuncias de las mujeres víctimas de violencia. En la puerta del máximo organismo de justicia, al que los activistas entregaron una declaración, continuaron las expresiones artísticas, en algunas de las cuales las mujeres anduvieron sin camisetas, en señal de liberación. Juana Camargo, de la organización Espacio de Encuentro de Mujeres, una de las convocantes, dijo a Acan-Efe que ante el problema de la violencia machista, a la ciudadanía "no le valen saludos a la bandera", sino definir prioridades. "Y con priorizar nos referimos a fondos y recursos", explicó. Las organizadores, unas 19 agrupaciones, exigieron en una declaración la creación de nuevas fiscalías y juzgados especializados en la materia, así como programas de prevención. En su declaración, las organizaciones reclamaron la pérdida de millones de dólares del Estado panameño en la corrupción, recursos que podrían ser dedicados al bienestar social de los ciudadanos, así como a programas dirigidos a erradicar la violencia machista. Camargo destacó, por ejemplo, que la provincia de Panamá, donde está la capital del país, concentre la mitad de los feminicidios cometidos este año y el 62 % de las denuncias por violencia de género, mientras que las alcaldías de la ciudad no tienen "un solo programa, más allá de los reinados de belleza". La activista lamentó también que de cada tres mujeres asesinadas este año, dos corresponden sean de 30 años. En su declaración pública, las organizaciones aseguran que cada cada día se denuncian cuatro abusos sexuales contra menores de edad y cuatro contra mujeres. Los signatarios del documento pidieron por ello fondos públicos para fiscalías y juzgados especiales, acompañamiento a las víctimas, la aplicación de brazaletes electrónicos para prevenir la cercanía de agresores a sus víctimas y casas de acogida para mujeres violentadas y sus hijos. También, la aprobación de una ley de salud sexual y reproductiva, y una unidad investigativa para denuncias de secuestro y desaparición de mujeres. Los firmantes de la declaración demandaron el respeto del Estado Laico en Panamá, como lo establece la Constitución, "separado de los patrones patriarcales de las iglesias, que contribuyen a mantener una concepción de sometimiento de las mujeres". Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Unión Nacional de Mujeres Panameñas, la Red de Desarrollo Comunitario de Las Américas (CDNA), Juventud Democrática Popular, Unión Nacional de Educadores, la Fundación Friedrich Ebert, entre otras