Segundo día de audiencia por escuchas ilegales
Un tribunal panameño inició ayer el primer proceso contra funcionarios del gobierno de Martinelli, el de la trama de escuchas ilegales a unos 150 opositores, periodistas y dirigentes populares.
Los exjefes del Consejo de Seguridad del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, ambos en prisión desde enero pasado, están presentes nuevamente en el tribunal donde se celebra el segundo día audiencia preliminar por un escándalo de escuchas ilegales. Garúz y Pérez llegaron al edificio de tribunales rodeados de fuertes medidas de seguridad, mientras el perímetro ha sido rodeado por decenas de policías, un equipo de artificieros y perros rastreadores de explosivos como medida de precaución, según mostró la televisión panameña. Un tribunal panameño inició ayer el primer proceso contra funcionarios del gobierno de Martinelli, el de la trama de escuchas ilegales a unos 150 opositores, periodistas y dirigentes populares. El juez Enrique Pérez fijó para los próximos días 17, 18, 19 y 20 la audiencia preliminar por el caso de las escuchas ilegales, que implica a Garúz, Pérez y a los exfuncionarios Ronny Ramiro Rodríguez y William Pitti, con orden de captura y en paradero desconocido. El órgano Judicial panameño explicó el viernes que la sesión judicial será a puertas cerradas para preservar la dignidad y los derechos de las víctimas que vieron vulnerada su intimidad con la serie de interceptaciones electrónicas de comunicaciones por teléfono, internet y redes sociales. Pérez y Garúz, este último consuegro de Martinelli, fueron revisados el viernes pasado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) como parte del protocolo para confirmar que se encuentran bien de salud para acudir a la audiencia preliminar, dijo, por su parte, una fuente del Ministerio Público. El órgano Judicial será el único que canalizará a través de su Secretaría de Comunicación "toda información relacionada" al proceso. La Fiscalía panameña ha dicho que durante la Administración de Martinelli los cuatro involucrados espiaron a través de interceptaciones ilegales de teléfonos al menos a 150 personas, entre opositores, empresarios, periodistas y dirigentes sindicales. Por el caso de las escuchas la Corte Suprema de Justicia de Panamá abrió el pasado día 8 una causa penal a Martinelli, que se sumó a otras dos, una por la compra con sobrecostes de alimentos deshidratados y otra por la firma de más de 300 indultos. Al menos diez de las supuestas víctimas de los "pinchazos" han presentado sendas demandas contra los que vulneraron su intimidad.