Vienen querellas contra el Gabinete y la Asamblea por ley minera
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley 406 del contrato con Minera Panamá por violar 25 artículos de la Carta Magna y a la vez cuestionó el actuar del Ejecutivo y el Legislativo en esa contratación.
Varias querellas y denuncias se preparan contra los integrantes del Gabinete que autorizaron el contrato con Minera Panamá y a los 44 diputados que lo aprobaron para convertirlo en la Ley 406.
La resolución de Gabinete No.114 del 10 de octubre del 2023 lleva las firmas del mandatario Laurentino Cortizo y de los ministros Roger Tejada, Maruja Gorday, Luis Sucre, Federico Alfaro, Milciades Concepción, Augusto Valderrama, Jorge Almengor, Aristides Royo, Vladimir Franco, Rafael Sabonge, Doris Zapata, Rogelio Paredes, María Inés Castillo, Juan Pino, Giselle González, José Simpson y Juana Herrera.
La candidata a diputada y abogada Suky Yard dijo que ya trabaja en las respectivas querellas que van a presentar en contra de todos los ministros "corruptos y vendidos" y lo que resulten responsables por intentar vender la nación por la omisión y comisión en el ejercicio de sus funciones...vamos contra ellos.
La abogada Olga de Obaldía también preguntó si ¿Habrá consecuencias para funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo que faltaron a su deber de defender los mejores intereses del país y no actuar en contra de la Ley y el fallo anterior de la Corte Suprema de Justicia?.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley 406 del contrato con Minera Panamá por violar 25 artículos de la Carta Magna y a la vez cuestionó el actuar del Ejecutivo y el Legislativo en esa contratación.
Además cuestionó al gobierno de Cortizo y al Legislativo por cometer "una afrenta a la separación de poderes" por negociar un nuevo contrato, con los mismos yerros de la anterior ley 9 de 1997 que había sido declarada inconstitucional por esta corporación de justicia en diciembre de 2017. Actuaron como si esa sentencia de inconstitucionalidad no hubiese sido dictada, señalan los magistrados.
El diputado Juan Diego Vásquez también pidió una investigación penal y patrimonial de todo el proceso de negociación y redacción del contrato. Es momento de sentarnos a analizar el proceso de cierre y que los responsables de esta negociación paguen las consecuencias, añadió.
El candidato presidencial Ricardo Lombana también preguntó ¿qué sigue ahora?, exigir la responsabilidad de los funcionarios que con su firma llevaron al país a esta situación desastrosa de crisis. La cuota de responsabilidad del presidente Cortizo, del vicepresidente Carrizo, de todo el Gabinete y de los diputados que aprobaron este contrato, es alta y no debe ser olvidada para la historia, añadió.
El abogado y candidato a vicealcalde Roberto Ruiz Díaz dijo que espera obtener copia autenticada del fallo, para someterlo a las instancias respectivas y ver qué tiene más valor el 154 o el 163 numeral 1, de la Constitución, que prohíbe a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de la Carta Magna.
"Esto fue una piñata, aquí repartieron el dinero indiscriminadamente para supuestamente decir que teníamos un mejor contrato. Yo insisto en la figura de ese corrupto patriota, conseguir una delación premiada que nos diera a conocer si hubo o no hubo dineros, sería un argumento adicional para el Estado a la hora de pelear".
Por su parte, el abogado y también candidato a legislador Ernesto Cedeño dijo que pidió a la Fiscal General de Cuentas, una auditoría a la Contraloría para cuantificar la lesión patrimonial por un pago millonario de casi $6 millones a abogados por el contrato minero.
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