‘Probato diabolica’

El principio de reserva del sumario está íntimamente ligado al de presunción de inocencia, ya que toda persona que es objeto de investigación tiene pleno derecho a que se presuma su inocencia, en tanto no se demuestre la culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada, luego de un juicio público en el cual se le hayan asegurados todas las garantías para su defensa.

Así las cosas, digámoslo sin tapujos, el primer violador de los principios de reserva del sumario y de la presunción de inocencia es el Ministerio Público, en cabeza de la procuradora Kenia Porcell, responsable de la actuación de sus funcionarios subalternos, que filtran información a medios de comunicación con posturas políticas bien definidas, con el fin de perjudicar a ciertos investigados.

No nos llamemos a engaños. Quienes facilitan copias de documentos que reposan en expedientes que están en las fiscalías son los propios funcionarios. Es mentira que un periodista va a entrar a un despacho de instrucción pedir un expediente, revisarlo, sacarle copia, si no es con la aquiescencia de quien custodia dichos papeles, es decir el fiscal o el subalterno que el designe.

Que no se malinterprete. Una cosa es el buen periodismo de investigación, del cual somos partes y otra cosas es la divulgación de piezas procesales, que llegan a la prensa, cuando los abogados defensores de los involucrados, aun ni saben que tales piezas existen, porque ni siquiera se les permite sacarles copias, porque salen con el cuento de que están “en el despacho del fiscal”.

Si este manido argumento fuera real, ¿por qué salen declaraciones y piezas de los sumarios publicados en los periódicos? ¿porqué los abogados se enteran por la prensa de las providencias?

Así no se puede ejercer el derecho a la defensa, porque lo que hacen Kenia Porcell y su combo es pedirle a los abogados una “probatio diabolica” imposible de cumplir”.

En un Estado constitucional de Derecho, estas groseras violaciones a la reserva del sumario y a la presunción de inocencia, seguramente serían causal de nulidad, pero en Panamá, no porque manda más el odio y el resentimiento, que la ley y la justicia.