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Cristina Fernández es víctima de "injusticia supina", dice su abogado (Video)
En la mañana de este lunes, el juez Claudio Bonadio decidió elevar a juicio la investigación por el encubrimiento que supuestamente realizó el Gobierno de Fernández (2007-2015).
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández, que irá a juicio acusada de haber encubierto a supuestos terroristas iraníes, sufre una "injusticia supina" y una "clarísima persecución política", dijo a Efe su abogado, que afirmó que tratará de revertir esta situación "desde las herramientas del derecho".
"Esta causa es una persecución basada o alimentada en el supuesto encubrimiento, que no lo hubo", remarcó Roberto Boico, quien tras la renuncia hoy de Aníbal Ibarra será el único letrado que defenderá a la exjefa de Estado en el más mediático de los cuatro casos en los que está procesada, dos de ellos por presunta corrupción.
En la mañana de este lunes, el juez Claudio Bonadio decidió elevar a juicio la investigación por el encubrimiento que supuestamente realizó el Gobierno de Fernández (2007-2015), a través de un pacto con Irán firmado en 2013, de los ciudadanos de ese país acusados de atentar contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y que sigue impune.
Para Boico, nombrado defensor de la exmandataria hace apenas una semana, ese acuerdo bilateral fue un instrumento que "con acierto o error" pretendía facilitar la extradición a Buenos Aires de los imputados iraníes por la Justicia argentina, entre ellos ex altos cargos del Gobierno de Irán, después de años de negativas de colaborar por parte de ese país.
"Si hubiera habido un encubrimiento tendrían que estar imputados los senadores y diputados (que aprobaron el acuerdo en el Congreso argentino), el Poder Ejecutivo... absolutamente todos", aseveró.
Bonadio sentará en el banquillo, en fecha por determinar, a Fernández, a su excanciller Héctor Timerman y otros diez imputados, algunos de ellos ya en prisión preventiva desde el pasado diciembre.
Sin embargo, y a pesar de contar con una orden de detención, la viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), actual senadora, ha sorteado hasta ahora la prisión preventiva por tener fueros parlamentarios.
"Estamos en un territorio sumamente hostil y con una persecución política clarísima que se conecta con el pedido de desafuero de la expresidenta en el Senado", subrayó el abogado sobre la solicitud que Bonadio realizó a la Cámara Alta para que vote despojarla de su inmunidad, algo que todavía no ha sucedido.
En la mañana de este lunes, el juez Claudio Bonadio decidió elevar a juicio la investigación por el encubrimiento que supuestamente realizó el Gobierno de Fernández (2007-2015), a través de un pacto con Irán firmado en 2013, de los ciudadanos de ese país acusados de atentar contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y que sigue impune.
Para Boico, nombrado defensor de la exmandataria hace apenas una semana, ese acuerdo bilateral fue un instrumento que "con acierto o error" pretendía facilitar la extradición a Buenos Aires de los imputados iraníes por la Justicia argentina, entre ellos ex altos cargos del Gobierno de Irán, después de años de negativas de colaborar por parte de ese país.
"Si hubiera habido un encubrimiento tendrían que estar imputados los senadores y diputados (que aprobaron el acuerdo en el Congreso argentino), el Poder Ejecutivo... absolutamente todos", aseveró.
Bonadio sentará en el banquillo, en fecha por determinar, a Fernández, a su excanciller Héctor Timerman y otros diez imputados, algunos de ellos ya en prisión preventiva desde el pasado diciembre.
Sin embargo, y a pesar de contar con una orden de detención, la viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), actual senadora, ha sorteado hasta ahora la prisión preventiva por tener fueros parlamentarios.
"Estamos en un territorio sumamente hostil y con una persecución política clarísima que se conecta con el pedido de desafuero de la expresidenta en el Senado", subrayó el abogado sobre la solicitud que Bonadio realizó a la Cámara Alta para que vote despojarla de su inmunidad, algo que todavía no ha sucedido.
En los últimos tiempos, Fernández ha recusado en varias ocasiones al juez -que ya la procesó en otras dos causas- al considerar que no es imparcial y que responde a las directrices del actual presidente, Mauricio Macri, a quien acusa de impulsar una persecución en su contra.
Es por eso que su defensa considera que ahora seguirá la discusión de manera "muy enérgica" en el tribunal oral, con otro juez, que "tampoco" garantiza "ninguna independencia ni imparcialidad" pero es un "territorio menos hostil".
Boico aclaró que antes de abrirse el juicio las partes podrán ofrecer medidas de prueba que no se hayan dado durante la instrucción, por lo que tratarán que declare quien fuera secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, quien ya en diciembre pasado pidió a Argentina comparecer como testigo.
Noble reveló a través de Twitter que los pedidos de captura internacional contra los iraníes imputados en Argentina siempre estuvieron vigentes y que el Gobierno de Fernández nunca solicitó levantarlos.
La insistencia del exjefe de la Interpol se dio después de que se conociera que el Ejecutivo de Macri recibió una carta del Gobierno iraní que afirmaba que el pacto firmado en 2013 -que fue aprobado por el Congreso argentino y declarado después inconstitucional y que en Irán nunca fue ratificado- incluía quitar las alertas de captura.
"No hemos podido tomarle declaración por expresa voluntad del juez Bonadio, que nos ha impedido hacerlo", reprochó el abogado.
El origen del caso se remonta a enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman denunció a Fernández y varios de sus colaboradores por presunto encubrimiento de los iraníes apenas cinco días antes aparecer muerto en circunstancias aún sin esclarecer.
El procurador encabezaba la investigación del atentado, cuya autoría es atribuida históricamente a Irán y al grupo chií Hizbulá, y creía de que el acuerdo argentino-iraní no buscaba una investigación conjunta del atentado, como aseguraba el Gobierno, sino encubrir a los sospechosos a cambio de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la expresidenta siempre ha negado.
Tras la muerte del fiscal, su denuncia fue desestimada en varias instancias por "inexistencia de delito", pero la causa fue reabierta a finales de 2016.
"Una causa que es una injusticia supina y una persecución que desde las herramientas del derecho intentaremos modificar", añadió Boico, que destacó que se trata de juzgar algo que ya se desestimó que constituyera un ilícito.
La investigación de lo sucedido en la AMIA hace 24 años ha estado plagada de oscuros desde el primer momento: de forma paralela, otro proceso diferente al que afecta a Fernández juzga otro presunto encubrimiento del atentado, con 12 imputados -todos en libertad-, entre ellos el también expresidente Carlos Menem (1989-1999).
Están acusados de irregularidades detectadas en el primer juicio por el atentado, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de varios policías argentinos.
Es por eso que su defensa considera que ahora seguirá la discusión de manera "muy enérgica" en el tribunal oral, con otro juez, que "tampoco" garantiza "ninguna independencia ni imparcialidad" pero es un "territorio menos hostil".
Boico aclaró que antes de abrirse el juicio las partes podrán ofrecer medidas de prueba que no se hayan dado durante la instrucción, por lo que tratarán que declare quien fuera secretario general de Interpol entre 2000 y 2014, Ronald Noble, quien ya en diciembre pasado pidió a Argentina comparecer como testigo.
Noble reveló a través de Twitter que los pedidos de captura internacional contra los iraníes imputados en Argentina siempre estuvieron vigentes y que el Gobierno de Fernández nunca solicitó levantarlos.
La insistencia del exjefe de la Interpol se dio después de que se conociera que el Ejecutivo de Macri recibió una carta del Gobierno iraní que afirmaba que el pacto firmado en 2013 -que fue aprobado por el Congreso argentino y declarado después inconstitucional y que en Irán nunca fue ratificado- incluía quitar las alertas de captura.
"No hemos podido tomarle declaración por expresa voluntad del juez Bonadio, que nos ha impedido hacerlo", reprochó el abogado.
El origen del caso se remonta a enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman denunció a Fernández y varios de sus colaboradores por presunto encubrimiento de los iraníes apenas cinco días antes aparecer muerto en circunstancias aún sin esclarecer.
El procurador encabezaba la investigación del atentado, cuya autoría es atribuida históricamente a Irán y al grupo chií Hizbulá, y creía de que el acuerdo argentino-iraní no buscaba una investigación conjunta del atentado, como aseguraba el Gobierno, sino encubrir a los sospechosos a cambio de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la expresidenta siempre ha negado.
Tras la muerte del fiscal, su denuncia fue desestimada en varias instancias por "inexistencia de delito", pero la causa fue reabierta a finales de 2016.
"Una causa que es una injusticia supina y una persecución que desde las herramientas del derecho intentaremos modificar", añadió Boico, que destacó que se trata de juzgar algo que ya se desestimó que constituyera un ilícito.
La investigación de lo sucedido en la AMIA hace 24 años ha estado plagada de oscuros desde el primer momento: de forma paralela, otro proceso diferente al que afecta a Fernández juzga otro presunto encubrimiento del atentado, con 12 imputados -todos en libertad-, entre ellos el también expresidente Carlos Menem (1989-1999).
Están acusados de irregularidades detectadas en el primer juicio por el atentado, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de varios policías argentinos.
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