Panamá rechaza la etiqueta de que es un paraíso financiero

Desde hace tiempo los panameños abordan con humor la reputación de su país como paraíso financiero para narcotraficantes, evasores fiscales y oligarcas corruptos. Bromean que, si son chanchulleros, se debe a que lo han aprendido de las naciones acaudaladas del mundo. 

 

  Esa actitud ha resurgido tras el revuelo desatado por la filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá, en los que quedan al descubierto detalles de cómo algunas de las personas ricas y poderosas del mundo canalizan sus activos a compañías fachada secretas establecidas en ese país y en otras jurisdicciones sujetas a leyes laxas. 

 

  Ramón Fonseca, cofundador de la compañía, dijo el lunes que el éxito de su país en establecerse como un gigante bancario offshore ha generado celos entre sus rivales del primer mundo en una época de creciente competencia y escrutinio al sector tras la crisis financiera global. 

 

  ``Es muy injusto todo lo que pasa porque no hay un level playing field (una cancha pareja)'', dijo Fonseca a The Associated Press en una entrevista. ``Sin lugar a dudas si esto le pasara a una empresa en Delaware no pasa nada. Pero como pasa en Panamá es titular de primera página en todos los periódicos del mundo''. 

 

  El país centroamericano consolidó su estatus como un centro de lavado de dinero en la década de 1980, cuando el general Manuel Noriega, el dictador que lo gobernaba, le puso una alfombra roja a los cárteles colombianos del narcotráfico. Y ha seguido siendo un imán para el dinero de fuentes ilícitas, así como lícitas, debido a su economía dolarizada y su ubicación entre América del Norte y del Sur. Su acelerado crecimiento económico de 8,5% anual en promedio durante la última década ha estado alimentado por un alto flujo de dinero en efectivo, lo que a la postre ha transformado la capital al llenarla de rascacielos y convertirla en el Dubái de Latinoamérica. 

 

  Pero el país no está solo en su actitud permisiva hacia las empresas fachada, que la Red de Justicia Fiscal con sede en Gran Bretaña calcula ocultan de 21 a 32 billones de dólares en riqueza financiera no gravada o con un gravamen muy bajo. Panamá se ubica en el 13er sitio en el índice de confidencialidad financiera de ese grupo, una posición mejor que la de Estados Unidos, que está en el tercer lugar. 

 

  En 2014, un grupo de académicos escribió un libro titulado ``Global Shell Games'' (''Juegos Fachada Globales'') que examina a los paraísos fiscales. Utilizaron correos electrónicos para poner a prueba a empresas fachada: se dirigieron a 3.700 proveedores de servicios corporativos en 182 jurisdicciones haciéndose pasar como diversos tipos de clientes, desde los de bajo hasta los de alto riesgo, incluidos narcotraficantes y grupos terroristas. Los hallazgos fueron sorprendentes: Aunque todos los países tuvieron calificaciones bajas, las compañías de servicios en Panamá cumplían el 29% de las veces con estándares mínimos de seguridad tales como solicitar una identificación con fotografía y otros documentos que establecen la identidad de los propietarios de las empresas. Las firmas estadounidenses cumplían el 25% de las ocasiones, en promedio, mientras que Delaware, con 6% de cumplimiento, era aún más laxo. 

 

  ``De alguna forma esto deja a muchas otras jurisdicciones libres de cualquier obligación, injustamente'', dijo Jason Sharman, uno de los autores del libro y especialista en ciencias políticas en la Universidad Griffith de Australia. ``La mayor parte del dinero de estos acuerdos oscuros es mantenido en otros países, no en Panamá, así que hay suficiente culpa para repartir''. 

 

  El presidente panameño Juan Carlos Varela se ha comprometido a cooperar con cualquier investigación judicial derivada de la filtración, y la procuraduría del país indicó el lunes que examinará los documentos filtrados para ver si revelan alguna actividad ilegal. 

 

  Varela dice tener ``tolerancia cero'' para delitos financieros, y le gusta mencionar cómo impulsó en el Congreso el año pasado una ley que amplía la supervisión de más de 12 sectores económicos no financieros, desde bienes raíces hasta casinos. Esa ley allanó el camino para que Panamá fuera retirada en febrero de una lista negra de jurisdicciones de alto riesgo elaborada por la Financial Action Task Force (Fuerza Especial para la Acción Financiera), una agencia intergubernamental que establece estándares para controlar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 

 

  Hasta fechas recientes, Panamá era una de las pocas jurisdicciones que permitían que las compañías emitieran ``acciones al portador'', las cuales impiden conocer el historial de propietarios al darle los derechos de propiedad a cualquiera que posea el certificado accionario. Una nueva legislación el año pasado prohibió esa práctica, pero todavía está en circulación un número significativo de acciones de este tipo en lo que se implementa dicha ley. 

 

  Aun así, probablemente la relación cercana de Varela con Ramón Fonseca generará interrogantes sobre el compromiso del mandatario con la transparencia. Hasta hace poco, Fonseca era presidente del partido gobernante, el Panameñista, y estuvo en el gabinete de Varela como asesor especial. Renunció en febrero después de que autoridades en Brasil allanaron las oficinas de una filial de Mossack Fonseca como parte de una investigación en torno a sobornos pagados a políticos por parte de compañías que hacían negocios con la paraestatal Petrobras. 

 

  Varela mismo fue golpeado con acusaciones no demostradas durante la campaña presidencial de 2014 de que evadió el pago de impuestos y tomó dinero de una red de apuestas ilegales en Estados Unidos. 

 

  Algunos dicen que Panamá se ha ganado su estigma de ser un paraíso para el dinero en efectivo ilícito, y será difícil limpiar su nombre. Aunque el marco regulatorio ha mejorado mucho, los viejos hábitos están enraizados, y muchos de los banqueros y abogados del país tienen poco que temer de parte de los fiscales y jueces corruptos. 

 

  ``Este escándalo es verdaderamente un indicio de la esquizofrenia de la clase gobernante de Panamá'', dijo RM Koster, un novelista nacido en Estados Unidos que lleva décadas viviendo en el país centroamericano. ``Quieren pretender que viven en un país del primer mundo manejado por gente seria, pero al mismo tiempo no renuncian a la cultura de la corrupción, los sobornos, etcétera''.