CK Hutchison pide reunión al más alto nivel con Mulino
La batalla por los puertos de Balboa y Cristóbal se intensifica. Panama Ports Company (PPC) lanza un ultimátum al Gobierno de Mulino para negociar y evitar una demanda internacional millonaria tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema.
La tensión por el control de los puertos de Balboa y Cristóbal ha escalado a niveles críticos. Tras el reciente mazazo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anuló su concesión, el conglomerado CK Hutchison —casa matriz de Panama Ports Company (PPC)— ha lanzado una última oferta sobre la mesa: un diálogo directo con el Gobierno Nacional para buscar una salida negociada y evitar un enfrentamiento legal que podría costarle al Estado panameño unos 2 mil millones de dólares.
La advertencia es clara. Alejandro Kouruklis, portavoz de la filial en Panamá, señaló que la ventana de oportunidad se cierra rápido. “Estamos a tiempo de conversar mientras no se publique el fallo en Gaceta Oficial”, aseguró, refiriéndose a la sentencia del pasado 29 de enero que declaró inconstitucional el contrato firmado en 1997 y su polémica renovación automática de 2021.
El peso de la carga en juego
A pesar del ruido legal, los muelles no se detienen. Actualmente, PPC sigue al mando de las operaciones en ambos litorales. No es para menos: hablamos del corazón logístico del país. Solo en 2025, estas terminales movilizaron 3.77 millones de contenedores, lo que equivale a casi el 40 % de toda la carga que entra y sale de Panamá.
El presidente José Raúl Mulino ha sido enfático en llevar calma a los mercados internacionales: las operaciones seguirán con normalidad. Sin embargo, el plan de contingencia ya está trazado. Una vez el fallo sea oficial, la administración transitoria quedará en manos de APM Terminals Panama (filial de la gigante danesa Maersk), mientras se organiza una nueva licitación.
El conflicto por los equipos: ¿Quién es dueño de qué?
La empresa no piensa retirarse sin dar batalla y cuestiona la viabilidad de una transición forzosa. Según Kouruklis, existe un vacío que el Gobierno parece ignorar: la propiedad de la infraestructura operativa.
Si bien los terrenos y muelles son patrimonio del Estado, la maquinaria que hace mover el puerto no lo es. “Las grúas, los sistemas y toda la maquinaria son propiedad privada de PPC. No pueden simplemente tomar posesión de equipos que no le pertenecen al Estado”, advirtió el vocero.
Este reclamo añade una capa de complejidad al conflicto. De no llegarse a un acuerdo, Panamá podría enfrentarse a un arbitraje internacional de proporciones históricas bajo las reglas de protección de inversiones, un escenario que pondría a prueba la seguridad jurídica del país en un momento clave para la economía nacional.
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