Gobierno Cortizo-Carrizo busca apropiarse ilegalmente de 3 medios
El gobierno de Laurentino Cortizo, bajo la manipulación del Órgano Judicial, dio un paso más en la dirección de apropiarse indebidamente del grupo editorial EPASA, que produce los diarios Panamá América, Crítica y Día A Día. Todo en medio de una abierta campaña electoral donde el actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo, busca imponer su candidatura para las elecciones de mayo próximo.
Así lo denunciaron abogados panameños y estamentos internacionales desde julio de este año se declararon en estado de alerta por un fallo del segundo juzgado liquidador donde se ordena el decomiso de las acciones del grupo Epasa a favor del Estado, incluyendo la toma del control administrativos de estos medios por parte del Gobierno de turno.
Esta semana, un tribunal superior confirmó en segunda instancia el fallo poniendo al gobierno de Cortizo, en su ruta ilegal por controlar este grupo de medios, en medio de la campaña política donde su gobierno intenta reelegirse a pesar del rechazo de los panameños, tal como indican las encuestas.
Para el abogado constitucionalista, Miguel Antonio Bernal, es evidente que hay una voluntad de apropiación indebida de parte del Gobierno de turno y concretamente el presidente Cortizo y José Gabriel Carrizo de apropiarse de EPASA “como en la mejor época de los militares”.
Señaló que esta ha sido la práctica de esta administración, “tenemos al frente a un Gobierno autoritario que ha traicionado al país y que está dispuesto a derramar sangre con tal de continuar en el poder. Definitivamente esto que están haciendo es un golpe contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Para los representantes y apoderados judiciales de EPASA, esta orden de decomiso de las acciones es ilegal, ya que la sociedad EPASA nunca fue parte del llamamiento a juicio en el llamado proceso New Business.
Gilberto Cruz, apoderado judicial de EPASA, explicó que esta investigación tiene su génesis con las notas AN/SG/Nº246-17 y AN/SG/Nº249-17 fechada 8 de febrero de 2017 y remitidas por la Asamblea Nacional de Diputados, Franz Wever a la entonces procuradora Kenia Porcell.
Producto de esta investigación, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado ordena el comiso de las acciones de la sociedad TPAHC, CORP, la cual por conducto de la investigación era la propietaria de las acciones de la sociedad Editora Panamá América, S.A. (EPASA).
Ante ello, es importante señalar que dentro de la Vista Fiscal Nº 15 de 17 de marzo de 2021, no se encuentra una recomendación de llamamiento a juicio para la sociedad Editora Panamá América, S.A., ni para su representante legal, por consiguiente he allí donde nace la ilicitud de las actuaciones de la Fiscalía y que ha sido flagrantemente convalidada por la Juez de la Causa Baloisa Maquínez, indicó Cruz.
Señaló que estas autoridades judiciales, en todo sentido, han vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, al no ordenar ser escuchada la sociedad EPASA a través de sus representantes legales en un juicio público y oral. “Por lo que el contenido del llamamiento a juicio y consecuentemente de la sentencia condenatoria, en la cual ordena la disolución de la sociedad, representan un fallo lesivo y contravienen con el precepto constitucional indicado en el Artículo 17, 19 y 32 de la Constitución Nacional.
Cruz manifestó que este hecho ha sido recientemente ratificado por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, “en un bochornoso fallo del 24 de octubre que incluso deja en evidencia la manipulación del sistema de justicia.
Ello empeora la actuación de la justicia, cuando, el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cedalise Riquelme, quien el 18 de octubre -seis días antes- ordenó suspender, cualquier actuación en dicho caso, tras la admisión de un Amparo de Garantías Constitucionales.
“Es importante establecer que este ha sido un proceso ilegalmente orquestado con varios brazos políticos que desconocen el debido proceso, el Derecho y la buena práctica en la que incluso con el aval de una juez inquisidora han desconocido tratados internacionales, la existencia del delito precedente, y aún más han dejado un grupo de familias en indefensión por la indebida aplicación de la normativa jurídica, situación que ha sido ratificada por un Tribunal Superior manipulable y que demuestra una vez más que la justicia panameña, está de cabeza!”, sostuvo Cruz como representante judicial de EPASA.
Desde el 19 de julio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mantiene en estado de alerta por la sentencia que dispone el decomiso de las acciones de EPASA. “La organización permanecerá vigilante ante las posibles implicaciones para la libertad de prensa que podrían derivar de su incautación”, dijo la SIP en un comunicado.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, ha señalado que "la SIP estará atenta al desarrollo del caso, vigilará el debido proceso y el papel que el gobierno jugará sobre el futuro del grupo editorial, así como la transparencia del proceso. La propiedad privada de un medio es indispensable para garantizar la libertad de prensa y el derecho del público a la información".
Desde 2017, la SIP vino incluyendo en sus informes de libertad de prensa el conflicto judicial por la compra de EPASA. El caso fue parte de resoluciones y los ejecutivos de EPASA expusieron sus puntos de vista en las asambleas de la organización, reiteró la organización en su comunicado.
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