Le piden al procurador que agache el lomo

Los diputados perredistas Crispiano Adames y Zulay Rodríguez arremetieron ayer contra el procurador general de la administración, Rigoberto González Montenegro, a quien mandaron "a trabajar" y lo culparon de que el Estado tenga que pagar $7 millones por el reintegro de fiscales despedidos durante su administración como secretario general de la Procuraduría General de la Nación.

Rodríguez afirmó que el actual procurador de la administración le costó $3 millones al Estado, y que van por $7 millones por los intereses, cuando fue secretario general de la Procuraduría y participó en los despidos de varios fiscales, que posteriormente demandaron al Estado y ganaron el pleito.

Igualmente, calificó de "irregulares" los despidos de fiscales que se dieron durante la administración de la entonces procuradora y hoy diputada, Ana Matilde Gómez.

Por su parte, el diputado perredista Crispiano Adames mandó a trabajar al procurador de la administración.

"Él es el que tiene que trabajar y producir la verdadera fiscalización que tiene entre sus atributos, por cierto, gracias a él, el país tiene que pagar cientos de miles de dólares por despidos injustificados que se provocaron hace un par de años".

González Montenegro dijo que las modificaciones a la llamada "ley blindaje", aprobada por los diputados, "sigue teniendo vicios de inconstitucionalidad".

Igualmente, señaló que en el caso de los diputados, "no les debemos estar dando más privilegios que la Constitución no permite y que la ciudadanía no resiste".