¡Los hijos predilectos de Varela!

El general Omar Torrijos pregonó que los niños eran los hijos predilectos de la Revolución, pero para el panameñista Juan Carlos Varela, pareciera que ahora ese lugar preponderante lo ocupa su círculo de militares.

El mandatario Varela no ha dicho la verdad en torno al Decreto 302 que emitió para jubilar con $7 mil y hasta $9 mil a militares como el ministro Alexis Bethancourt y al jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López Pérez, y a los encargados de la UAF.

Varela –en dos ocasiones- intentó justificar el citado decreto para cubrir el caso del director de Migración, Javier Carrillo, quien en junio de 2011 fue designado en el cargo.

Sin embargo, otras fuentes afirmaron que cuando se designó a Carrillo en Migración se emitió una resolución en Recursos Humanos de la Policía Nacional, donde se dejaba por sentado que se le reconocerían los años que sirviera en Migración.

Si bien es cierto que hay leyes de 1997 y 2013 que permiten que los policías se jubilen con su último salario, Varela emitió el Decreto 302 del 31 de agosto de 2016, para favorecer a militares que designó en altos cargos en el Ejecutivo. Además, se utiliza como fundamento la Ley 93 del 7 de noviembre del 2013, que reorganiza el Senan.

También entran en las jugosas jubilaciones el director de la Policía, Omar Pinzón; y los jefes del SPI, Erick Estrada; del Senan, Belsio González; del Senafront, Cristian Hayer, oficiales que logran hoy ingresos que se acercan a los $10 mil, una cifra mayor al sueldo de un ministro.

Las jubilaciones especiales a los militares ya representan desembolsos para el Estado por $65 millones y dentro de poco se estima que se dispararía a $100 millones, lo que es insostenible.

Según el Decreto 302, “en el caso de personal juramentado por la Policía Nacional que haya sido designado por el Órgano Ejecutivo en los cargos de ministro, viceministro, director general, subdirector general, secretario ejecutivo o subsecretario ejecutivo, que prestan sus servicios en otras dependencias del Estado, se les aplicará lo preceptuado en el artículo 55 de la Ley 93 de 2013”.

El citado artículo de la Ley 93 establece que “los oficiales que han ocupado cargos de director general y subdirector general, que hayan cumplido un mínimo de 25 años de servicios continuos, podrán pasar a jubilación con el 100% del último salario devengado en el cargo”.

Los altos cargos militares recibirán un desembolso adicional en su jubilación de entre $4,500 y $6,500 mensuales. La mayoría de los policías se jubilan a los 52 años y con una expectativa de vida de 80 años, los uniformados recibirían pagos de pensiones durante 28 años. El extra –sin contar la pensión tope mensual de $2,500- sería como mínimo de un millón 512 mil dólares. Si son al menos 10 los militares en esa situación, el costo para el Tesoro Nacional sería de más de $15 millones.

Esas jubilaciones por ahora salen del presupuesto del Ministerio de Seguridad. El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Juan Jované dijo que mañana interpondrá una demanda de inconstitucionalidad contra esas jubilaciones, porque violan disposiciones en la Carta Magna, que guardan relación con las pensiones.

Jované destacó que por ley, la CSS no puede pagar una pensión superior a los $2,500 y si alguien lo hace estaría violando la legislación…pero aunque lo pague el Ministerio de Seguridad, al final sale del bolsillo de todos los panameños a través de los impuestos.