Primera APP se complica ante señales de irregularidad

El modelo de Asociación Pública Privada (APP) fue vendido por el Gobierno de Laurentino Cortizo como uno de los motores que ayudaría a Panamá a salir de su difícil situación económica.

Pero ahora, en la fase de ejecución del primer proyecto bajo esta modalidad, surgen dudas de que haya un buen arranque. Por lo contrario, desde ya vislumbra un retraso importante debido a decisiones de gobierno que llevaron a flexibilizar las condiciones que debían presentar las empresas interesadas.

Esto permitió que a la invitación se presentara todo tipo de empresas señaladas por incumplimientos en el pasado y hasta en procesos de corrupción.

Esto ha hecho que los ojos del Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) ahora estén puestos en el manejo final de lo que sería el primer contrato bajo la modalidad Asociación Pública Privada (APP) en Panamá. Es decir, se juega con el futuro el modelo de las APP en el país, sin siquiera haber iniciado.

El programa de 2 mil 300 millones de dólares piensa arrancar con el contrato de rehabilitación de la carretera Las Garzas de Pacora a Yaviza en Darién de 246 kilómetros de longitud. Sería un contrato integral de 600 millones de dólares porque incluye financiamiento y mantenimiento de la obra.

Expertos sostienen que la falta de un proceso bien llevado de precalificación llevará la primera licitación a una guerra de reclamos, diferencias que ya se observan con los primeros recursos de observaciones. La precalificación no permitió filtrar ninguna de las empresas, a pesar de que la Dirección de Asociación Público Privadas, a cargo de Ramón Adames, encontró deficiencias en las propuestas, tal y como exponen sus cartas de aclaración dirigidas a cada consorcio.

Con esa flexibilidad que expertos señalan de actos negligentes, los 15 consorcios pasaron la precalificación complicando el camino hacia una contratación que permita desarrollar la primera APP.

Ayer se presentaron los primeros 4 recursos de observaciones al informe de evaluación por parte de empresas como Intervial Chile S.A., Strabag, CPA Consorcio y API Movilidad.

Estas empresas señalaron errores en el informe de evaluación como empresas que incumplieron con los estados financieros en dólares, dudas sobre experiencias técnicas de empresas competidoras, entre otras irregularidades que pasaron por alto en el informe de la comisión evaluadora.

El proceso de ejecutar la selección del contratista se ha empantanado porque en medio de la fase de precalificación los requisitos se cambiaron y flexibilizaron, dando también cabida a empresas que en el pasado han sido señaladas en caso de corrupción y otras irregularidades, tanto a nivel local como internacional

Fue así que el número de consorcios que precalificaron para el proyecto, bajo requisitos más flexibles, pasó de 5 a 15. Aún así, más de siete consorcios presentaron incompletas sus propuestas al acto de precalificación, con deficiencias en elementos obligatorios y no subsanables en los procesos de licitación ordinarios.

Sin embargo, el MOP y la Comisión Evaluadora permitieron pasar por alto estas irregularidades, dándole la precalificación a los 15 consorcios que incluyen a empresas señaladas de irregularidades como OHL de España y MECO de Costa Rica. Fuentes oficiales afirman que se dieron presiones para que todas las empresas pasaran la fase de precalificación, aunque no cumplieran al 100%.

Estas irregularidades han generado que varias de las empresas que apostaban a una selección transparente, se retiren y decidan interponer recursos legales que hundirían el plan de las APP sin haber llegado al primer contrato. Todo recaería sobre la ya mal lograda figura del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, cuestionado por el mal estado del sistema de carreteras de todo el país.

El pasado 18 de octubre la comisión evaluadora integrada por Rolando Lay, Carlos Bellido y Rutilio Villarreal presentó su informe sobre el proyecto PRE-001-009-2022-RAPP-P1 al ministro Sabonge, como máximo rector de lo que será el programa de APP.

Los evaluadores permitieron que consorcios como los integrados por MECO, Intervial, Centroequipos S.A., China Harbour Engineering Company pudieran subsanar requisitos obligatorios como la experiencia en inversión.

Expertos en materia de contratación pública ya había previsto deficiencias en las propuestas de algunas empresas que pasaron la precalificación falta de metodología y cálculo de la inversión en valores a diciembre de 2021, estados financieros en pesos colombianos cuando debió ser entregado en dólares, falta de estados financieros de la empresa principal del consorcio, informes financieros no auditados bajo las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).

La documentación oficial revela como el pasado 11 de octubre el director de Asociaciones Público-Privadas, Ramón Adames, giró más de 8 cartas pidiendo a las empresas corregir sus omisiones sobre requisitos obligatorios que bajo la ley de contrataciones públicas deben causar la descalificación inmediata.