¡Camino peligroso!

Redacción

La pretensión del gobierno entrante de exigir renuncias de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de servidores que gozan de periodos fijos de nombramiento, en virtud de la complejidad de las funciones que realizan, constituye un verdadero atentado a la institucionalidad democrática del país.

Para colmo de males, sectores que antes acusaban al actual mandatario de no respetar la separación de los poderes, hoy día -en una especie de doble rasero- son los promotores de que se irrespete la Carta Magna y las leyes.

Las Códigos y la Constitución son claros: la remoción de un magistrado de la Corte corresponde a la Asamblea Nacional de Diputados previo a un proceso judicial, donde se requiere el voto de 47 diputados para esa medida.

Los encargados de la Contraloría y la Procuraduría tienen periodos fijos que vencen a fin de año. En lo que corresponde a otras instituciones, lo que correspondería es reformar las leyes que le extendieron los años de funciones a los encargados de despachos.

Un país en pleno desarrollo no puede ahora retroceder por la tozudez de cabezas calientes que elaboran listas para destituir funcionarios sin cumplir con las garantías fundamentales y la separación de poderes.

Acceder de buenas a primera que el Ejecutivo pida la renuncia de magistrados de la Corte, sería abrir la puerta para que mañana ese mismo mandatario reclame la renuncia del presidente del Organo Legislativo o de un diputado, sin un previo proceso.

Contradecir esta realidad institucional y jurídica, revela hipocresía e inconfesables apetitos de poder o tal vez revanchismos y resentimientos políticos, que empequeñecen el alma de quien los alberga. ¡Cuidado y caemos en el sendero del autoritarismo, que luego todos vamos a lamentar!