Extremos absurdos

Un sargento de la Policía Nacional (PN), presuntamente respaldado de manera irrestricta por el director general de esta institución interpuso una denuncia penal contra un diputado de la Asamblea Nacional. La acción es inédita, porque no existe precedente alguno de un uniformado actuando penalmente contra un diputado de la república.

Esta acción socava el principio de que los servicios de policías no son deliberantes y que deben estar subordinados en términos absolutos a la autoridad civil; lo contrario es insubordinación y rebeldía ante las instituciones democráticas.

No se trata de defender al diputado Leandro Ávila, ni atacar al sargento Gilberto Santana, ambos involucrados en un incidente el pasado 25 de diciembre en el cuarto de urgencia del hospital San Miguel Arcángel.

Lo correcto por parte de la Policía Nacional es iniciar una investigación administrativa, ya sea de oficio a instancia de parte para determinar qué fue lo que sucedió.

Por parte de la Asamblea Nacional, lo correcto es que el presidente de ese órgano del Estado haga un pronunciamiento público, también pidiendo una investigación administrativa, a través de la comisión legislativa de Ética Parlamentaria.

Lo que no puede hacer el presidente de la Asamblea Nacional es guardar un silencio de avestruz y lo que tampoco puede hacer el director de la Policía es venir con alardes de 7 machos castrenses.

La lógica y el sentido común indican que la denuncia no va a ser admitida, pero no hay que llegar a estos extremos, ya que el día de mañana, un cabo molesto por una orden que le dé un ministro o hasta el propio funcionario puede denunciarlo ante la Corte Suprema ¡absurdo!.