La resolución judicial del peor desastre medioambiental en la historia de España pende de un hilo. El 13 de noviembre de 2002, el Prestige, un
Carlos Miguélez / Carlos Miguélez La resolución judicial del peor desastre medioambiental en la historia de España pende de un hilo.El 13 de noviembre de 2002, el Prestige, un buque de un solo casco que surcaba los mares del norte de España con 77.
000 toneladas de petróleo, se partió y derramó sus contenidos a lo largo de 1.
600 kilómetros de costa, que alcanzaron también a Portugal y a Francia.La defensa denuncia que el autor del informe utilizado para acusar a su cliente asesoraba a José María Aznar, presidente de España, cuando ocurrió la catástrofe.El gobierno utilizó ese informe para eludir responsabilidades a unos meses de las elecciones generales, que el partido en el poder perdió en marzo del siguiente año.
La naturaleza y las tareas de limpieza han borrado los residuos negros del chapopote, pero el daño sigue sin recibir su debida reparación.La fiscalía se basa en el informe de una experta de la Universidad de Santiago de Compostela para cuantificar en 4.
300 millones de euros por pérdidas y por indemnizaciones que le correspondería al estado español.Estas indemnizaciones tienen en cuenta los daños físicos a personas, los daños irreversibles a especies marinas, de aves, de arrecifes de coral que no podrán regenerarse y de otras zonas de valor ecológico incalculable y las pérdidas económicas.La insistencia en el petróleo puede provocar nuevas catástrofes antes de reparar las ya producidas.Nuestro nivel de consumo está por encima de nuestras necesidades: demasiadas bolsas de plástico, botellitas de agua, coches y materiales sintéticos que no reciclamos.No hay que esperar a que se cumplan los pronósticos sobre el próximo fin de la era del petróleo para sacar de los cajones bajo llave energías más limpias.Nos lo exigen las generaciones que están por nacer.