Departamento de Estado se pronuncia en caso Martinelli

El Departamento de Estado aseguró que los delitos que enfrenta Ricardo Martinelli están contemplados en el tratado de extradición y las convenciones multilaterales selladas por Estados Unidos y Panamá, un revés para la defensa del ex mandatario panameño. 

Martinelli, quien se desempeñó como presidente de Panamá entre 2009 y 2014, enfrenta cuatro acusaciones relacionadas con la creación de un sistema ilegal de interceptaciones de comunicaciones privadas que espió a más de un centenar de personas en su país, entre opositores políticos, empresarios, periodistas y líderes sindicales. Las autoridades de Panamá han requerido su extradición para que enfrente a la justicia. 

El expresidente, de 65 años, vive en el sur de Florida desde hace más de dos años y ha pedido asilo político. Permanece detenido desde el 12 de junio, cuando fue arrestado en su casa de la vecina ciudad de Coral Gables. 

Su defensa alega que no puede ser extraditado porque dos de las acusaciones que enfrenta no están contempladas en el Tratado de Extradición sellado en 1904 con Estados Unidos sino en una convención firmada después de que los supuestos delitos tuvieron lugar. 

Sin embargo, el Departamento de Estado le informó al juez Edwin Torres que tanto el delito de interceptación de telecomunicaciones sin orden judicial como el de seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización están contemplados en el acuerdo de extradición y son considerados extraditables. 

 “Están incorporados como delitos extraditables bajo el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá”, expresó el documento firmado por Tom Heinemann, consejero legal del Departamento de Estado. Agregó que de acuerdo con la convención de delitos cibernéticos de 2001, “estos delitos aparecen entre los que se consideran delitos extraditables en cualquier tratado existente entre las partes”. 

Martinelli ha rechazado las acusaciones y el pedido de extradición alegando que es víctima de una persecución política. 

El juez Torres escuchó a la fiscalía y a Martinelli el jueves y convocó para una nueva audiencia el 22 de agosto.