Sucesos
Excarcelan a dos implicados en tráfico de chinos
El Órgano Judicial precisó que a ambos se les revocó la medida de detención provisional dictada el pasado 7 de septiembre por las de reporte periódico, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a las víctimas.
Un juzgado de Apelaciones cambió a un ciudadano ecuatoriano y a otro chino la medida de detención provisional por otras menos severas en el marco de un proceso penal seguido en Panamá a 10 implicados en una red de tráfico de chinos, informó el Órgano Judicial.
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Sin revelar las identidades, el Órgano Judicial precisó que a ambos se les revocó la medida de detención provisional dictada el pasado 7 de septiembre por las de reporte periódico, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a las víctimas.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones determinaron que los "elementos vinculatorios" presentados por la Fiscalía son "endebles", y no los relacionan de "manera comprometida" con el caso, indicó la información judicial.
Por el contrario, la apelación presentada por la defensa de otros cuatro detenidos, tres hombres y una mujer de nacionalidades panameña y china, no prosperó y permanecerán detenidos "por los elementos vinculatorios al proceso, y los riesgos procesales como peligro de destrucción de prueba, peligro de afectación a las víctimas, por la naturaleza del delito, entre otras".
El Órgano Judicial recordó este viernes que la investigación de este caso "inició en mayo de 2017, cuando informes policiales de vigilancia y seguimiento ponen en conocimiento desde Costa Rica que en territorio panameño, una supuesta organización criminal se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes asiáticos".
Los 10 imputados en este caso fueron detenidos el pasado 4 de septiembre en una operación conjunta de las autoridades de Panamá y Costa Rica en la que fueron aprehendidas 39 personas: 29 en territorio costarricense y 10 en el panameño.
El pasado 7 de septiembre un juzgado de Panamá ordenó la detención provisional de siete de los implicados, de nacionalidades panameña y china, mientras que a otros tres, chinos, les dictó la medida cautelar personal de reporte periódico e impedimento de salida del país.
Ese día la defensa de varios de ellos anunciaron la apelación que fue resuelta .
El director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Walter Espiniza, dijo el pasado 4 de septiembre que entre los 29 detenidos en su país estaban los tres supuestos líderes de la organización criminal, todos de nacionalidad china; además de funcionarios de Migración, un abogado que falsificaba documentos, y personas que realizaban labores logísticas.
Espinoza explicó que los tres chinos tenían contactos en Asia, Europa y Suramérica para movilizar migrantes chinos, que llegaban a América vía aérea a Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, desde donde viajaban por la misma vía a Costa Rica.
Cuando llegaban a Costa Rica, funcionarios de Migración les permitían el ingreso de manera irregular o con documentos alterados o falsos.
En Costa Rica, algunos de los migrantes eran trasladados a locales comerciales donde eran explotados laboralmente, y otros eran movilizados a Panamá, donde también eran empleados o llevados hasta Estados Unidos y Canadá.
La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, detalló en la que esta red traficó al menos a 110 migrantes y a cada uno le cobraba al menos 22.000 dólares.
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Sin revelar las identidades, el Órgano Judicial precisó que a ambos se les revocó la medida de detención provisional dictada el pasado 7 de septiembre por las de reporte periódico, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a las víctimas.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones determinaron que los "elementos vinculatorios" presentados por la Fiscalía son "endebles", y no los relacionan de "manera comprometida" con el caso, indicó la información judicial.
Por el contrario, la apelación presentada por la defensa de otros cuatro detenidos, tres hombres y una mujer de nacionalidades panameña y china, no prosperó y permanecerán detenidos "por los elementos vinculatorios al proceso, y los riesgos procesales como peligro de destrucción de prueba, peligro de afectación a las víctimas, por la naturaleza del delito, entre otras".
El Órgano Judicial recordó este viernes que la investigación de este caso "inició en mayo de 2017, cuando informes policiales de vigilancia y seguimiento ponen en conocimiento desde Costa Rica que en territorio panameño, una supuesta organización criminal se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes asiáticos".
Los 10 imputados en este caso fueron detenidos el pasado 4 de septiembre en una operación conjunta de las autoridades de Panamá y Costa Rica en la que fueron aprehendidas 39 personas: 29 en territorio costarricense y 10 en el panameño.
El pasado 7 de septiembre un juzgado de Panamá ordenó la detención provisional de siete de los implicados, de nacionalidades panameña y china, mientras que a otros tres, chinos, les dictó la medida cautelar personal de reporte periódico e impedimento de salida del país.
Ese día la defensa de varios de ellos anunciaron la apelación que fue resuelta .
El director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Walter Espiniza, dijo el pasado 4 de septiembre que entre los 29 detenidos en su país estaban los tres supuestos líderes de la organización criminal, todos de nacionalidad china; además de funcionarios de Migración, un abogado que falsificaba documentos, y personas que realizaban labores logísticas.
Espinoza explicó que los tres chinos tenían contactos en Asia, Europa y Suramérica para movilizar migrantes chinos, que llegaban a América vía aérea a Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, desde donde viajaban por la misma vía a Costa Rica.
Cuando llegaban a Costa Rica, funcionarios de Migración les permitían el ingreso de manera irregular o con documentos alterados o falsos.
En Costa Rica, algunos de los migrantes eran trasladados a locales comerciales donde eran explotados laboralmente, y otros eran movilizados a Panamá, donde también eran empleados o llevados hasta Estados Unidos y Canadá.
La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, detalló en la que esta red traficó al menos a 110 migrantes y a cada uno le cobraba al menos 22.000 dólares.