Resocialización en Panamá: Una promesa incumplida
El modelo ideal consistiría en un tratamiento individualizado basado en una evaluación diagnóstica y pronóstica, aplicado por un equipo multidisciplinario dedicado exclusivamente a la rehabilitación.
Panamá- El concepto de "resocialización" en el sistema penitenciario panameño es, en la práctica, "una promesa incumplida", lejos de una realidad efectiva. Esta es la conclusión central de la licenciada Xiomara Rodríguez, criminalista, quien desglosó las profundas deficiencias que impiden rehabilitar a la población carcelaria, un problema agravado por una crisis de hacinamiento que supera los 9,800 reclusos por encima de la capacidad instalada.
El modelo ideal, según Rodríguez, consistiría en un tratamiento individualizado basado en una evaluación diagnóstica y pronóstica, aplicado por un equipo multidisciplinario dedicado exclusivamente a la rehabilitación. Sin embargo, este escenario contrasta con la cruda realidad que se vive tras los muros.
La ley vs. la práctica
Aunque Panamá cuenta con la Ley 55 de 2003, que reorganiza el sistema penitenciario y plantea un "trato digno" y derechos para los privados de libertad, Rodríguez señala que su mayor virtud es también su peor enemigo: no se aplica. "Lo que plantea la ley es muy bueno, pero no se aplica por falta de recursos o voluntad", afirmó.
La evidencia más clara del fracaso es la estadística: un 45% de reincidencia para 2024. "Esto indica que el proceso de resocialización de nuestros privados de libertad no está siendo efectivo", sentenció la experta. Esta situación se agrava en centros como La Joya y La Joyita, donde el hacinamiento es tal que "no hay espacio para la población, mucho menos para crear lugares para brindar atención".
Programas insuficientes y una "discriminación" por género
Rodríguez confirmó que existen programas de educación y talleres, pero son aislados y no accesibles para toda la población. "Solo los privados de libertad que ya están condenados tienen acceso a los programas de resocialización, ya que una persona que está en proceso todavía no es parte del sistema penitenciario.
Señaló una disparidad preocupante: mientras los centros de menores y femeninos reciben bastante atención y apoyo, la población masculina adulta –la más numerosa– "siempre se queda atrás". "Yo lo veo como una discriminación hacia el sexo masculino", expresó.
El mecanismo teórico establece que una Junta Técnica evalúa a cada interno y determina un plan individual de tratamiento. No obstante, el sistema colapsa en el siguiente eslabón: no existe el personal profesional para ejecutarlo.
Rodríguez ejemplificó: en un pabellón de la Mega Joya con 1,169 reclusos, solo había dos trabajadores sociales, un psicólogo y un abogado para atenderlos. Los programas que llegan dependen mayoritariamente de fundaciones y empresas privadas, no de una oferta estructural del Estado.
El obstáculo de las pandillas y la falta de capacitación
La criminalista identificó a las pandillas como un "gran limitante" para la rehabilitación, un problema que se agrava porque la clasificación de internos –estipulada en la Ley 55– no se realiza correctamente. Asimismo, resaltó que, aunque gran parte del personal penitenciario (custodios) está capacitado para atender a los privados de libertad, las unidades policiales están "preparadas para ver al privado de libertad con rechazo" y no se comportan como partes de un ente de cambio. "La mayoría de ellos no creen en la resocialización", aseguró.
Aunque el deterioro del sistema tiene un arrastre de muchos años y requiere de una transformación, la especialista asegura que el cambio se está haciendo poco a poco, principalmente debido a los escasos recursos que a veces son asignados al sistema penitenciario.
"Yo sí creo que ya se está tomando conciencia de que debemos trabajar en la resocialización y, desde mi punto de vista, se dio un primer paso con la creación de la MEGA Joya, que es un centro que cuenta con todo lo necesario para ofrecer el tratamiento; lo malo es que no existe el personal para aplicarlo", dijo.
Causas profundas ignoradas y la ausencia post-penal
El sistema falla especialmente con quienes tienen problemas de adicción o trastornos psicológicos. "A ese individuo no le llegan los métodos de resocialización que están utilizando ahorita", explicó. La abstinencia forzada dentro de la cárcel no equivale a una rehabilitación, lo que perpetúa el ciclo delictivo.
Quizás el eslabón más débil sea la ausencia total de programas postpenales. "Preparamos al privado de libertad... pero al momento de abrirse la puerta lo dejamos solo", lamentó Rodríguez. La dificultad para conseguir empleo por el requisito del récord policial y la falta de un centro de acogida transitorio condenan al exreo a la exclusión, aumentando el riesgo de reincidencia.
Resaltó la experiencia de dos exprivados de libertad cuyas historias ella conoce muy bien y son pruebas de que, con voluntad y las herramientas adecuadas, la resocialización es posible. "Conozco dos jóvenes; uno de ellos actualmente trabaja como enfermero en la Caja del Seguro Social y otro formó su familia, laboró en la mina y, cuando esta cerró, inició un emprendimiento y está totalmente alejado del mundo de la violencia y la delincuencia.
Dos medidas urgentes y un llamado a la sociedad
Frente a este panorama, Rodríguez propone dos medidas prioritarias:
1) Reforzar los programas para liberar a personas que ya cumplieron su condena (y a quienes no se les ha descontado el tiempo trabajado, como manda la ley) para aliviar el hacinamiento y poder atender a quienes quedan.
2) Crear un centro de rehabilitación modelo, equipando completamente el centro Renacer con todos los talleres, clínicas y espacios necesarios.
La transformación requiere mayor inversión y, sobre todo, voluntad política. "El trabajo de la resocialización no es solamente del sistema penitenciario; es de toda la sociedad", finalizó Rodríguez, cuyo mensaje es un llamado a actuar antes de que más personas caigan en un ciclo del que el sistema actual no permite salir.
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