Entrar y salir del confinamiento ha sido costoso, resalta un economista francés

El profesor Camile Landais de la London School of Economics y miembro del Economic Analysis Council adjunto a Matignon, analiza los detalles de esta crisis difícil de modelar y aboga por una adaptación basada en datos de salud.

 

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Nominado en 2016 al Premio al Mejor Joven Economista Francés y el Premio Philip Leverhulme de Economía, recalca que la forma en que oponemos la economía y la salud es problemática.

 

"No controlar la epidemia es exponerse a un monstruoso costo humano, por lo que no hay compensación. No tenemos más remedio que contener la epidemia. Pero el enfoque en el costo económico es reductor. Tenemos que hablar de un costo social. Las medidas que se toman ahora nos afectan mucho más allá de lo que comúnmente se llama economía: apuntan a nuestra capacidad para movernos, ver a nuestros seres queridos, utilizar servicios públicos como la educación", afirma.

 

Según Camile, hoy contamos con un arsenal de medidas cuyos efectos sobre la propagación de la epidemia se conocen en mayor o menor medida,  como cierre de bares, reducción de reuniones familiares, cierre de escuelas, lugares de trabajo, limitación de viajes.

 

"Sin embargo, ¿qué sabemos sobre su costo social? ¡Casi nada! ¿Los franceses prefieren celebrar la Navidad con su familia o seguir trabajando y viajando con normalidad? Para averiguarlo, sería necesario involucrar más a la población, para crear contenidos democráticos, en la toma de decisiones. Es imposible pasar de un estado de emergencia a un estado de emergencia sin consultar", recalcó.

 

Los últimos meses han confirmado algunos hechos simples, pero sólidos, sobre la epidemia. En primer lugar, el virus es sumamente contagioso, es diez veces más letal que la gripe, afecta a todos los grupos de edad y la única solución para adquirir una especie de inmunidad colectiva es tener una vacuna, que será disponible, en el mejor de los casos, a mediados de 2021.

 

El virus llegó para quedarse, por tanto, debemos pensar en la gestión a largo plazo. Necesitamos visibilidad, previsibilidad. Y un marco democrático. La política de parar y salir que estamos aplicando actualmente, al confinar, desconfinar y reconfinar, en última instancia, resulta ser extremadamente costosa.

La situación no tiene precedentes, sí, pero entendimos una cosa: tan pronto como el  [la tasa de reproducción del coronavirus] oscile por encima de 1, es la señal de que tendremos una nueva ola epidémica. Y eso lo sabíamos ya en julio. A partir de estos datos, podemos considerar una prueba piloto a medio o largo plazo anticipando todas las medidas que tendremos que tomar para responder a cualquier aumento de R0 por encima de 1. Esto podría parecer un sistema de “tope y canje”, es decir, permisos de puntos.

 

No. En julio, al observar que el R0 superaba el 1, tomamos medidas, por supuesto, pero sin marcar un objetivo claro, una cuota. Sin duda hubo un pecado de optimismo. Creíamos que incluso pasando por encima de 1, los gestos de barrera serían suficientes o que el sistema de prueba y rastreo haría milagros. Al final, nos vimos obligados a tomar medidas abruptas y extremadamente costosas en lugar de tomar pequeñas medidas con más firmeza desde el principio y ceñirse a ellas.

 

Ahora sabemos que hay demasiadas externalidades en juego, que no se puede frenar el virus sin medidas vinculantes. Por lo tanto, debemos seguir la misma lógica que para el medio ambiente: imponer cuotas en sentido ascendente para evitar pagar una factura demasiado alta a la llegada.

 

En un sistema de permisos de puntos, tenemos, para cada nivel de R0, un menú de opciones, un conjunto de puntos, para mantenernos en los claves: cerrar bares y restaurantes gana muchos puntos porque los estudios demuestran que sí bajan el R0 de forma significativa, evitar grandes reuniones, también consigue muchos puntos, etc. Luego, dejamos que la comunidad elija de antemano entre los distintos menús de opciones, para alcanzar la cuota establecida por los científicos.

 

Lo que me ha fascinado desde el inicio de esta epidemia es la tremenda responsabilidad colectiva mostrada por la población. La gente es relativamente altruista y está dispuesta a aceptar medidas duras para ayudar a frenar la epidemia. Por tanto, debemos involucrar a los ciudadanos mucho más estrechamente en las decisiones. El Jefe de Estado no puede decidir estos arbitrajes solo. Este es un problema colectivo al que nos enfrentamos con el tiempo. No podemos, cada seis meses, que se tomen medidas tan extremas en una opacidad democrática tan grande. Necesitamos la consulta ciudadana, de lo contrario las condiciones para la aceptabilidad de tales medidas se verán socavadas.

Probablemente sería necesario comenzar por realizar una gran encuesta representativa de la población para medir con precisión estos costos. El problema es que los sistemas de representación tradicionales como el Parlamento no se adaptan a este problema en particular que es el virus. Demasiada política entraría en juego, pero podemos retener, por ejemplo, la idea de comités de ciudadanos como el que ha hecho Irlanda para arbitrar sobre temas inflamables como el aborto, o como nuestra convención ciudadana por el clima.

 

 

En el paquete de estímulo, muchas cosas, como los impuestos a la producción más bajos o los programas de inversión, tardarán en implementarse de todos modos. Pero la urgencia ya no existe. Se van a tomar medidas de absoluta emergencia para salvar el tejido económico y el mercado laboral. La cuestión de los mínimos sociales y el apoyo a los más vulnerables también estará inevitablemente en reposo.

 

 

Esta pregunta surgirá más adelante cuando hablemos de la recuperación. Y sobre todo cuando estamos fuera del túnel y tratamos de repartir los costos inducidos por esta crisis. La cuestión de la fiscalización del patrimonio surgirá inevitablemente en este punto.