Fiscal general de Argentina dimite
Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, a finales de 2015, el Ejecutivo reclamaba la renuncia de la procuradora.
La renuncia hoy de la fiscal general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, afectada en una causa por presunta corrupción, era reclamada por el Gobierno de Mauricio Macri, que la acusaba de no ser imparcial y de militar en el kirchnerismo.
Gils Carbó presentó este lunes su dimisión al presidente argentino, con efectos a partir del 31 de diciembre próximo.
Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, a finales de 2015, el Ejecutivo reclamaba la renuncia de la procuradora, nombrada en su cargo en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y avalada por el Congreso, pero Gils Carbó había resistido en su puesto.
Los pedidos públicos para que dimitiera se avivaron semanas atrás, a partir de la decisión de un juez de procesar a la fiscal general, pero el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del pasado día 22 parecen haber movido definitivamente a Gils Carbó a dejar su cargo.
En su carta de dimisión, Gils Carbó aseguró que ha trabajado "incansablemente" para "jerarquizar" la Procuración General como institución "independiente y autónoma" y que desde su gestión ha "profundizado la transformación" del Ministerio Público Fiscal.
Ante la posibilidad de que el Ejecutivo impulse una reforma para, entre otras cosas, poner un plazo a la gestión del titular de la Procuración General, Gils Carbó dijo estar "persuadida" de que su permanencia en el cargo "redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal".
"Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal", expresó.
Tras la presentación de la renuncia, el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, afirmó que el Gobierno "valora" que la procuradora "haya dado un paso al costado".
Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que la renuncia de Gils Carbó es una "contribución" para poder trabajar en función de "fortalecer la independencia, la eficacia y la eficiencia del Poder Judicial".
En una rueda de prensa, Peña abogó por que el Parlamento debata una nueva ley del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que el procurador no debe ser alguien "con militancia política sino un profesional reconocido por su trayectoria", criterios que el Ejecutivo dijo que seguirá para proponer un candidato a sustituir a Gils Carbó.
Desde el oficialismo, en reiteradas oportunidades habían acusado a Gils Carbó de no avanzar en las causas de corrupción que afectan a exaltos cargos del anterior Ejecutivo y dictaminar contra miembros del actual.
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"Años pidiendo el juicio político de la procuradora general Gils Carbó. Hizo mucho daño a la República. Fue garante de impunidad", aseveró hoy la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a través de la red social Twitter.
El pasado 12 de octubre, el juez Julián Ercolini procesó a Gils Carbó por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la compra irregular de un inmueble por parte del Ministerio Público en 2013.
En el auto de procesamiento, el juez consideró que hay pruebas suficientes para afirmar que Gils Carbó y el exsubdirector general de la Procuración Guillermo Alfredo Bellingi llevaron a cabo un "complejo plan" para adquirir para el Ministerio Público Fiscal un edificio ubicado en el centro de Buenos Aires bajo la "simulación engañosa" de una licitación pública.
Respecto a esta causa judicial, Gils Carbó sostuvo en este tiempo que se intentaba "crear una sospecha de corrupción en ella" con el intento de justificar su eventual desplazamiento.
"Toda la administración de justicia sabe que soy una persona honesta", argumentó. EFE