Supremo venezolano pide dejar sin inmunidad a cuatro diputados opositores más
Esta decisión de la Alta Corte se produce dos semanas después de un efímero levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro que fue encabezado por Guaidó y respaldado públicamente por casi todos los diputados señalados.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela pidió este martes a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) revisar la inmunidad de otros cuatro diputados opositores que se suman a la decena de legisladores que ya fueron acusados de rebelión y despojados del fuero.
Esta medida recae sobre Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, del partido Primero Justicia (PJ), así como en Franco Casella y Winston Flores de Voluntad Popular (VP), la formación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.
En respuesta a una solicitud del fiscal general, Tarek Saab, el TSJ dictó que los diputados tienen responsabilidad "en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada".
"Por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes (...) no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal", señala un comunicado del Supremo.
Con todo, la Justicia ordenó remitir copia de esta decisión a la ANC para que este órgano, no reconocido por numerosos países e integrado solo por defensores del chavismo, "determine lo conducente según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución".
Ese apartado establece que los diputados "gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo".
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Asimismo, la Constitución señala que de los presuntos delitos que cometan los legisladores "conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional (Parlamento), su detención y continuar su enjuiciamiento".
"En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ", concluye el artículo.
Esta decisión de la Alta Corte se produce dos semanas después de un efímero levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro que fue encabezado por Guaidó y respaldado públicamente por casi todos los diputados señalados.
De los 14 legisladores señalados hasta ahora por el alzamiento, la ANC ha dado por levantada la inmunidad de siete, atribuyéndose competencias exclusivas del Parlamento, y algunos de ellos están hoy refugiados en embajadas, exiliados, en la clandestinidad o tras las rejas como el primer vicepresidente del Legislativo, Édgar Zambrano.
Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza. EFE