Cortizo lanza advertencia contra manifestantes
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo pidió ayer a la población "cordura", respeto a la ley, a la propiedad privada y al libre tránsito, en medio de protestas en todo el país, advirtiendo que no tolerará vandalismo, llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados (...) Nadie está por encima de la ley".
En un mensaje a la nación, el gobernante hizo una cronología del contrato minero pactado desde 1997 y destacó que el país se encuentra "en pleno proceso de recuperación económica", por lo que "los cierres de calles" impactan negativamente, al impedir a la población llegar a sus puestos de trabajo, afectando además al comercio, la industria y a los pequeños productores.
Además anunció que con los aportes de la minera, a partir del 20 de noviembre, se hará realidad un aumento para 120,315 jubilados, que actualmente reciben pensiones menores de $350.
El mandatario repasó en su discurso el ciclo de la minera. En 1997, es decir hace 26 años, durante la administración de Pérez Balladares se aprueba el Contrato Ley 9 para esa explotación minera. Ocho años después, en el año 2005, el gobierno de Martín Torrijos aprobó el nuevo plan de desarrollo que dio inicio a la construcción de la infraestructura minera. Cuatro años después, en el 2009, el gobierno de Martinelli autorizó el inicio de la explotación comercial minera.
Posteriormente, el gobierno de Juan Carlos Varela prorrogó por 20 años adicionales el contrato ley 9 de 1997, mediante un Resuelto Ministerial del 30 de diciembre de 2016, publicado a las 2:55 p.m., en vísperas de año nuevo.
Previamente, en el 2009 se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, que le tomó casi 9 años -septiembre del 2018- al magistrado Jerónimo Mejía sacar el fallo en que la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el contrato.
"Eso fue lo que encontró mi gobierno", dijo Cortizo, topándose según él, como alternativas, el cierre de la operación minera, con el impacto a la economía nacional; no hacer nada y seguir con el mismo contrato; o negociar con la empresa minera, como finalmente se hizo. "Tomamos la decisión correcta, no la más fácil".
El cierre -defendió Cortizo- vulneraba la estabilidad laboral y seguridad jurídica, con efectos negativos para la economía nacional, las finanzas públicas, con el riesgo de enfrentar graves demandas nacionales e internacionales contra el Estado panameño y lo más preocupante, con peligro de enormes daños ambientales causados por un cierre forzoso.
Tras más de un año de negociaciones, se acordó a principios de este año el nuevo contrato, que tras ser sometido en agosto a una primera consulta en la Asamblea Nacional, se solicitaron unos cambios, aprobados definitivamente la semana pasada.
Entre los cambios hechos figuran la eliminación de "las cláusulas de expropiación" de tierras y la condición que "permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo".
También se incluyó un apartado que "reafirma que nada en el Contrato restringe ni limita la soberanía de Panamá sobre su territorio". También se suprimió la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno.
Así, de acuerdo con el mandatario panameño, el contrato ley aprobado permite salvaguardar 9,387 puestos de trabajo directos con una planilla anual de $357 millones que se traduce en un aporte a la Caja de Seguro Social de $161 millones cada año. , una inversión de $8,000 millones y con el pago mínimo anual pactado con Minera Panamá de $375 millones se garantiza "que ningún jubilado o pensionado reciba un monto menor" a $350 mensuales y se destinarán $190 millones anuales al programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
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