Repudio y protestas por sablazo de la luz
Ningún gremio empresarial ni profesional ni de trabajadores ni de estudiantes tolera el sablazo de $60 millones en aumento de la luz que le tocará pagar al 24.5% de los clientes de mayor consumo en el país, pero que ya se anticipa que repercutirá en el precio de los productos y servicios.
Y menos lo toleran ahora que se les ha refrescado en la memoria el momento cuando el presidente Juan Carlos Varela dijo expresamente durante la entrega de la tercera línea de transmisión (cuyo costo es usado como excusa por el Gobierno) que la obra traería un beneficio "abaratando el costo de la energía al pueblo y sobre todo no permitiendo que energía no despachada tenga que ser pagada".
En ese acto, Varela también dijo lo siguiente: "El beneficio de esta línea 3 les tocará verlo a las personas cuando reciban sus cuentas de luz".
Por segundo día consecutivo, grupos de manifestantes protestaron en la capital contra el aumento, decretado para este segundo semestre de 2018.
La primera protesta tuvo lugar temprano frente a la sede de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), donde un grupo de usuarios se manifestó pacíficamente, con el respaldo de transeúntes y de personas que desde sus vehículos tocaban las bocinas.
Más tarde un grupo de manifestantes bloqueó la vía Transístmica frente a la sede de la Universidad de Panamá y quemó llantas en protesta contra el ajuste tarifario.
La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) informó la semana pasada que la tarifa eléctrica se incrementará un 8.4% para 24.5% de los usuarios, es decir, aquellos que consumen de 301 kilovatios hora en adelante.
“Este ajuste es motivado principalmente por la nueva tarifa de transmisión que incorpora la tercera línea de transmisión y por los ajustes normales asociados a los costos de generación“, indicó la Asep.
Contrariamente a su discurso al inaugurar la tercera línea, Varela dijo el lunes que el alza se debe especialmente al comportamiento del mercado internacional de la energía y que entendía la molestia de los usuarios afectados, pero que el Estado no tenía margen de maniobra para absorber el ajuste.
“Yo entiendo a la población, (porque) a nadie le gusta que le suban luz“, declaró Varela, y añadió que “es difícil conseguir el espacio fiscal para que el Estado asuma el aumento”.
Sitiespa: Gobierno es tramposo
Un desfile de gremios ha rechazado el aumento de la luz. El Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica de la República (Sitiespa) llamó de plano "tramposo" al gobierno de Varela en un comunicado.
A juicio de Sitiespa, con la versión del Gobierno de que el alza se debe al costo de la línea 3, se asegura dos propósitos: "el primero, hacernos creer que los costos están asociados al plan de expansión para poder esconder que el aumento se debe a una gestión ineficiente del proyecto, lo cual le permite en nuestras narices violar el artículo 97 de la Ley 6 de 1997, el cual prohíbe a la Asep trasladar a los clientes los costos de una gestión ineficiente".
Afirman que el segundo propósito es crear un "elemento de provocación" capaz de crear un estado de opinión para permitir al gobierno de Varela concluir sus planes de desplazar al Estado del mercado eléctrico para favorecer intereses económicos de unos cuantos. Sitiespa además pidió "cárcel para los pillos" detrás de esta jugada.
Vicios de ilegalidad
En tanto, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia) consideró que el aumento es "injustificado" y podría tener "vicios de ilegalidad".
"Si nos basamos en lo que dice la ley, las empresas de distribución pagaron cerca del 95.80% a sus contratos y solo el 4.20% al mercado ocasional, el cual tuvo un promedio anual de solo 5.65 centavos de balboa por kilovatio hora", explica la Spia.
"La potencia firme contratada de Edemet, por ejemplo, fue del 81% y de Edechi de 72%, provenientes de generación hidroeléctrica. El crecimiento de la demanda máxima fue de solo 2.6% del 2015 al 2018, comparada con el 5.4% del 2010 al 2014. Todo esto se traduce en que la tarifa debió disminuir y, en el peor de los casos, mantenerse igual, si es que querían seguir disminuyendo los subsidios como lo hicieron en algunas tarifas anteriores".
Otro gremio que consideró inaceptable la medida de Asep fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), "ya que proyectos como la tercera línea de transmisión deberían contemplar su repago a largo plazo y no a corto plazo como se pretende, por falta de ejecución oportuna".
Para Conep, al concentrarse el aumento en el sector que desarrolla actividades productivas, se afectarán los costos de producción y comercialización de las empresas, por lo que la medida impactará los precios finales de productos y servicios para el consumidor.
El Frenadeso señaló la existencia de una telaraña de intereses en el mercado eléctrico que vincula a Juan Carlos Varela y a figuras de su gobierno (como el exministro Álvaro Alemán) con directivos de grandes empresas del sector (Emanuel González Revilla y Stanley Motta), las cabezas de Etesa (Gilberto Ferrari y su antecesor en el cargo Iván Barría) y la Asep (Roberto Meana).
Meana; el secretario general de Energía, Víctor Urrutia; el director del Centro Nacional de Despacho, Víctor González, y Gilberto Ferrari, de Etesa, han sido citados por la Asamblea Nacional a contestar un cuestionario de 8 preguntas sobre por qué le ha caído al país un nuevo sablazo de $60 millones.