Suntracs, señalado por estafar trabajadores, indígenas la mayoría
Suntracs hipotecó unos bienes que no les pertenecen, según los representantes legales de las víctimas.
La Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada imputó cargos al líder sindical Genaro López Rodríguez, quien, según se expuso en audiencia, dentro del periodo comprendido entre el año 2020 a 2022, en asociación con otros dirigentes, se concertó con el propósito de cometer blanqueo de capitales, falsedad y estafa calificada en perjuicio de extrabajadores de la empresa Pilar Construction S.A., aprovechándose de su condición de directivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
De acuerdo con la fiscalía, el engaño a los trabajadores, por parte de Genaro López y otros directivos del Suntracs, entre los cuales se menciona a Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, consiste en que estos, aprovechándose de su condición de directivos, se procuraron un provecho ilícito de 14 fincas ubicadas en la provincia de Bocas del Toro, supuestamente valoradas en 26 millones de dólares, y que debieron ser destinadas al pago de prestaciones laborales de 412 trabajadores del proyecto Red Frog Beach, a cargo la empresa Pilar Construction, que en 2011 había sido condenada por el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección-Changuinola a pagar la suma de 5 millones 860 mil dólares a favor de los trabajadores más un millón 173 mil dólares en costas.
A pesar de la sentencia favorable a sus agremiados, Suntracs, a través de los dirigentes mencionados, realizó en el 2012 un acuerdo extrajudicial mediante el cual la empresa solo se comprometió a pagar la suma de tres millones de dólares en un periodo de ocho años y dio en garantía al sindicato las fincas en mención. Pilar Construction no cumplió con el acuerdo y las fincas fueron traspasadas al Suntracs, sin que se cumpliera con el pago a todos los trabajadores.
El abogado de la querella, Abel María Fernández, aseguró que el 30 de mayo de 2022 hubo una reunión de Junta Directiva del Suntracs en la que se elaboró un acta donde se daba por aprobada una moción de hipotecar los lotes realizada durante una asamblea celebrada un día antes, un hecho que el letrado tildó de falso, ya que la mayoría de “los que estaban ahí no eran trabajadores del proyecto Red Frog”, siendo una asamblea fraudulenta.
“Suntracs hipotecó unos bienes que no les pertenecen”, afirmó el representante de las víctimas, en su mayoría indígenas residentes en islas de Bocas del Toro, según dijo.
La fiscalía, durante el acto de audiencia, reiteró que los lotes habían sido entregados al Suntracs, a manera de dación en pago, con la finalidad de hacer efectivo la cancelación de las prestaciones que el juzgado de trabajo había reconocido a los trabajadores.
“Se había condenado a pagar a Pilar Construction. Quienes eran los beneficiarios ahí eran los trabajadores. Quien representó a los trabajadores era el Suntracs, pero los derechos que se habían adquirido eran de los trabajadores, no del sindicato; quienes debían recibir el pago por sus prestaciones eran los trabajadores, que recibieron el 49% de lo que le correspondía, los que han recibido hasta el momento, porque hay una gran cantidad de trabajadores que no han recibido su pago”, señaló la fiscal Isis Soto Espinoza ante la solicitud de aclaración de la defensa.
Según la representante del Ministerio Público, si las fincas hubieran pasado a los trabajadores, “pudieron haber recibido más de 60 mil dólares cada uno”.
La jugada del “préstamo simulado”
Varias de las víctimas, según el ente encargado de la acción penal, asistieron al Registro Público para incorporar notas marginales sobre las fincas que estaban siendo objeto de debate, advirtiendo que dichas propiedades no debían pasar al Suntracs, que debían ser de los trabajadores.
Y ante la posibilidad de quedarse sin las fincas, entonces los directivos del Suntracs decidieron ponerla en hipoteca mediante un préstamo simulado, según expuso el Ministerio Público.
La fiscalía hizo alusión a la escritura pública N°.10, 470 del 6 de junio del año 2022, en la cual se establece que el deudor, en este caso el Suntracs, reconocía deberle a la cooperativa la suma de 3 millones 122 mil dólares que había recibido en calidad de préstamo.
Pero había algo extraño. Para la fecha de esa escritura, de acuerdo con información bancaria y del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), la Cooperativa no tenía fondos para prestar esa cantidad.
“Efectivamente se hace un contrato de préstamo simulado, pues es el mismo Suntracs el que provee los fondos a la cooperativa para (que) luego sean retornados al Suntracs, para efectivamente pagarle a los trabajadores muy por debajo de lo que a ellos les correspondía. Es decir, pagaron el 49% porque sobre el monto que le iban a dar a los trabajadores, les descontaron el 2% de la cuota sindical”, resaltó la fiscal Isis Soto.
“Es el Suntracs, a través de un cheque que le gira a la cooperativa, quien remite la cantidad de 3 millones de dólares, que, a su vez, posteriormente, la cooperativa ejecuta otro cheque para devolverle los 3 millones de dólares al Suntracs”.
“Es decir, el sindicato ya tenía los fondos, como dice el IPACOOP. Tenía los fondos para poder pagar a los trabajadores. En ese momento, no debía haber realizado un préstamo. Se dio una triangulación de los fondos, entre los fondos del sindicato y la cooperativa, que no mantenía fondos suficientes para poder desembolsar un préstamo de esta cantidad”, puntualizó.
El Ministerio Público sostuvo que el sindicato de la construcción no es una entidad autorizada para conceder créditos y que entre los directivos del sindicato Suntracs y los directivos de la cooperativa, hay coincidencia entre las personas.
La fiscalía planteó la estafa agravada, la falsedad y la asociación ilícita para delinquir como los delitos precedentes del blanqueo de capitales.
“Se acreditó una acción de engaño, en el sentido de hacer transacciones sin el consentimiento expreso de la cantidad total de los trabajadores del proyecto Red Frog Beach. (Los) Trabajadores no sabían que se iban a hipotecar las fincas”, dijo, por su parte, el fiscal Eduardo Rodríguez, quien intervino en la audiencia de legalización de la aprehensión.
“Se incumplió el pago de la hipoteca, que queda en mano de la Cooperativa”, añadió.
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