Nuevo frente contra el contrabando: Modificar Código Penal
Esta propuesta llega en un momento crítico, cuando investigaciones globales sitúan a Panamá entre los países con políticas inadecuadas para enfrentar el comercio ilícito.
La diputada Walkiria Chandler D'Orcy, del partido Vamos, ha presentado un anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional que busca modificar el Código Penal del país y establecer nuevas disposiciones cruciales en la lucha contra el comercio ilícito.
Esta propuesta llega en un momento crítico, cuando investigaciones globales sitúan a Panamá entre los países con políticas inadecuadas para enfrentar el comercio ilícito.
De acuerdo con el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito de la revista The Economist, Panamá se encuentra en la posición 54 a nivel global, destacándose por su falta de legislación robusta en torno a las zonas francas, que favorece la proliferación del contrabando.
Este estudio destaca que el umbral actual de $500 mil para considerar un hecho como delito es desproporcionadamente alto comparado con países vecinos como Costa Rica, Ecuador, Colombia y Perú, creando un obstáculo significativo para la justicia.
Chandler D'Orcy, al presentar el anteproyecto, subrayó la urgencia de reformar el Código Penal, que actualmente pierde eficacia debido a este elevado umbral.
"Debemos establecer sanciones ejemplares, pues estos delitos atentan contra el ejercicio honesto del comercio, la recaudación de impuestos y la propia salud de la población", afirmó la diputada.
El anteproyecto propone incrementar la pena de prisión de cinco a ocho años para quienes introduzcan o extraigan mercancías eludiendo la autoridad aduanera, sin importar el perjuicio fiscal.
Además, se establece que cualquier contrabando de $20 mil o más será penado con la misma duración de prisión.También se incluye una sanción para quienes introduzcan productos de tabaco sin pagar los impuestos correspondientes o incumplan con las normativas de salud.
De igual forma se busca endurecer las sanciones para servidores públicos y comercios implicados en delitos aduaneros.
Los funcionarios que contribuyan a delitos aduaneros serán castigados con prisión de seis a nueve años y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Los comercios involucrados en la venta de productos de comercio ilícito enfrentarán sanciones similares y la cancelación de su aviso de operación.
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