Sacyr aseguró hace dos semanas que todo iba bien
Además, afirmó que no esperaba "penalización alguna por el retraso en la financiación" del proyecto.
Diario El Mundo
España
Pese a la fuerte caída bursátil de este jueves, los problemas de Sacyr en Panamá eran ya conocidos por el mercado. De hecho, hace sólo 11 días, el pasado 23 de diciembre, la empresa se vio forzada a asegurar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que las obras del canal evolucionaban con normalidad y que el consorcio que lidera cobraría las reclamaciones pendientes por el proyecto correspondientes a 2012.
En respuesta a un requerimiento de información formulado por el supervisor del mercado, la constructora aseguró que "las obras relativas a la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá se están ejecutando dentro de los plazos establecidos". Además, afirmó que no esperaba "penalización alguna por el retraso en la financiación" del proyecto.
En 2012, el consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), del que Sacyr controla el 48%, incluyó como ingresos 665 millones de dólares (487 millones de euros) que el grupo esperaba cobrar cuando la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) asumiera sus reclamaciones. Pero, ante las dudas sobre ese cobro, el organismo que preside Elvira Rodríguez solicitó a la empresa información adicional en el citado requerimiento.
La respuesta de Sacyr poco antes de despedir 2013 fue que se "estimaba probable que el cliente aceptara las reclamaciones registradas" el ejercicio anterior.
No obstante, un portavoz de Sacyr ha puntualizado a este periódico que la información que se ha remitido a la CNMV en respuesta a su petición se refiere a los datos disponibles a 31 de diciembre de 2012. Además, al elaborar la respuesta los auditores han entendido que las demandas de la compañía española en el conflicto son razonables y tendrán éxito en sus reclamaciones económicas y de extensión de los plazos, añade la citada fuente.
Según los datos actualizados esta semana por la empresa española, el sobrecoste de la obra, que se adjudicó con polémica por la baja oferta del GUPC, alcanza ya los 1.600 millones de dólares (cerca de 1.200 millones de euros).