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Gobierno español garantiza la legalidad en Cataluña

Se trata de desarrollar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Ejecutivo central ejercer competencias de una comunidad autónoma cuando sus dirigentes incumplen la legalidad.

El Gobierno español aprobará mañana medidas para restablecer la ley en la región de Cataluña, frente al movimiento secesionista impulsado por sus autoridades, y con la perspectiva de unas elecciones autonómicas que podrían tener lugar a principios de 2018.
Se trata de desarrollar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Ejecutivo central ejercer competencias de una comunidad autónoma cuando sus dirigentes incumplen la legalidad.
Es el caso de la región de Cataluña, cuyo Gobierno convocó un referéndum secesionista ilegal el pasado 1 de octubre en el que, según sus propios datos, algo más de dos millones de personas dijeron "sí" a la independencia (para una población de 7,5 millones).
Después de la respuesta insatisfactoria al requerimiento formal del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por parte del líder catalán, Carles Puigdemont, para una vuelta a la legalidad, el Consejo de Ministros se reunirá este sábado con carácter extraordinario para aprobar esas medidas.
Desde Bruselas, Rajoy dijo hoy que será él quien las presente mañana, pero no quiso anticipar nada y en Madrid el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo se limitó a subrayar que lo primero ha de ser restablecerse la legalidad, recuperar la convivencia y el sosiego en esa región española y devolver la neutralidad a las administraciones públicas catalanas.
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Mientras tanto se abre paso la perspectiva de una convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo que no iría más allá de enero próximo, tal y como confirmaron hoy los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos, con los que el Gobierno ha negociado el apoyo a la vía del 155.
La representante del PSOE en las negociaciones, Carmen Calvo, apuntó que el acuerdo con el Gobierno es para que las medidas destinadas a restituir la legalidad en Cataluña desemboquen en una convocatoria de comicios y que, para los socialistas, "pueden ser en enero".
Por su parte, el líder liberal, Albert Rivera, aseguró a la prensa que pactó el miércoles pasado con Rajoy la convocatoria de elecciones en Cataluña para enero a cambio de apoyar esas medidas.
El ministro portavoz, Méndez de Vigo, se limitó a admitir que lo normal es que ese proceso acabe luego con la convocatoria de elecciones, aunque consideró "prematuro" hablar de fechas.
En cuanto a las medidas concretas, a falta de que Rajoy las anuncie mañana públicamente, los expertos creen que implicarán la asunción por parte del Ejecutivo central del control de las finanzas públicas y las fuerzas de seguridad regionales de Cataluña.
La convocatoria de elecciones regionales es - todavía - una prerrogativa de Puigdemont y se mantiene como hipótesis para los próximos días, junto con la posibilidad de que el Parlamento autonómico vote una declaración unilateral de independencia.
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La Junta de Portavoces de la Cámara catalana se reunirá el lunes 23 y podría convocar un pleno destinado a votar la declaración de secesión, aunque de una manera que no pueda ser suspendida por el Tribunal Constitucional.
En cualquier caso mañana, sábado, tras la reunión del Consejo de Ministros, el Senado empezará la tramitación del decreto gubernamental.
La intención es que los trámites parlamentarios se desarrollen durante la semana próxima y que el viernes 27 el Pleno del Senado - en el que el gubernamental PP tiene mayoría absoluta - ratifique las medidas legales por las que el Ejecutivo intervendrá temporalmente la autonomía catalana.

 

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