Corte jode negociado de $3,000 millones

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el parágrafo transitorio del artículo No. 1 de la Ley No. 314 de 20 de junio de 2022, la cual dictaba las normas para el fomento de la actividad turística en el país.

El parágrafo transitorio reconocía con carácter retroactivo un crédito fiscal de 100% del valor total de las inversiones en los proyectos que contaban con estudio de impacto ambiental y la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para la emisión de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros.
La demanda fue presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz.

Las leyes 314 y 122 otorgaban escandalosos incentivos de créditos fiscales por $3,000 millones a proyectos turísticos. Con las leyes se reconocían primero hasta 100% de créditos fiscales y luego se redujo a 60% del valor total de nuevos proyectos de hospedaje público o ampliaciones de los existentes.

Entre los proyectos figuraban Construcciones y Edificaciones San Miguel Arcángel (en Changuinola) por $456 millones, DB Hotel Residence promovido por el exprecandidato presidencial del PRD, Guillermo de Saint Malo Eleta con $232 millones y otro proyecto en esa misma área y con el mismo grupo recibiría $26 millones. También figura el de Inmobiliaria Palma Bonita (Veracruz) de José Manuel Bern, con créditos fiscales por $155 millones.